El Gobierno de Argentina está dando pasos firmes hacia un programa de privatización de empresas públicas con el objetivo de cerrar la brecha fiscal y optimizar la eficiencia del sector público. Como se anunció durante la campaña presidencial por el Presidente Javier Milei, este programa tiene como objetivo eliminar la brecha fiscal y mejorar la eficiencia del sector público.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, ha confirmado la determinación del Gobierno de avanzar en la privatización de empresas estatales en el corto plazo. "Todas las empresas estatales que puedan privatizarse serán privatizadas. Cualquier empresa que sea ineficiente y represente un costo para el Estado debería considerarse para la privatización. Un ejemplo de esto es Aerolíneas Argentinas. Actualmente, un equipo está evaluando cada una de estas empresas, y se busca ejecutar el proceso lo más rápido posible", explicó el Ministro Caputo.

El ajuste presupuestario necesario para equilibrar las finanzas públicas no se ha limitado a las medidas anunciadas en el primer paquete de reformas presentado por Caputo, que ya implican un recorte del 5% del PBI en el déficit fiscal nacional. El ajuste podría ser aún más significativo para alcanzar el objetivo de superávit financiero, algo que Argentina no ha experimentado desde 2007.

Las privatizaciones no solo ayudarían a reducir el déficit fiscal estatal, sino que también generaría ingresos adicionales que podrían utilizarse para pagar la deuda pública, fortalecer las reservas del Banco Central o cumplir con otras obligaciones gubernamentales.

Las empresas estatales han representado un costoso desafío para la sociedad. Durante el período de enero a noviembre de 2023, las transferencias del Gobierno para mantener y respaldar estas empresas aumentaron más del 19% en términos reales. Por ejemplo, las transferencias a la empresa ENARSA aumentaron un 41% interanual en términos reales, AySA recibió un aumento real del 18% en comparación con 2022, y el conglomerado de Trenes Argentinos Infraestructura recibió un aumento real del 78%. Los recursos dirigidos hacia estas empresas contrastan con la disminución del gasto público en áreas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El enfoque del Gobierno actual, liderado por el Presidente Milei, marca un cambio significativo en las prioridades gubernamentales. Se busca expandir los programas de contención social mientras se ajustan las principales partidas del Estado, en contraposición a la política anterior que destinaba más recursos al "Estado empresario" mientras se reducían otras áreas críticas. Esta nueva dirección apunta a equilibrar las finanzas públicas y promover una mayor eficiencia en el sector estatal.