El presidente Javier Milei ha dado un paso histórico en su mandato al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y moderniza el Estado argentino. Esta medida implica la derogación y modificación de más de 300 leyes, transformando radicalmente la estructura económica del país.

Uno de los aspectos más notables de este decreto es la derogación de una docena de leyes que habían sido legados de las distintas dictaduras que marcaron la historia de Argentina. Estas leyes regulaban diversos sectores económicos y ningún presidente anterior se había atrevido a eliminar estos controles sobre el mercado.

De esta manera, esta nueva normativa pone fin a más de 50 años de regulación económica que persistieron incluso después del retorno a la democracia. Los gobiernos civiles optaron por mantener estas leyes para tener un mayor control sobre las empresas y las transacciones entre los ciudadanos argentinos.

En orden cronológico, el decreto de Milei derogó la Ley de Promoción Comercial, la Ley de Regulación del Ejercicio de la Medicina y la Ley de Regulación Farmacéutica, todas promulgadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en los años 1960 y 1970.

El amplio decreto también deroga la Ley de Compre Nacional, la Ley de Regulación del Ganado, la Ley de Regulación Azucarera, la Ley de Regulación Vitivinícola y la Ley de Regulación Hotelera, todas emitidas por decreto durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, quien presidió el Ejecutivo entre los años 1970 y 1971.

Además, se derogó la Ley de Regulación de Mercados Mayoristas y la Ley de Producción de Algodón, otras dos legislaciones aprobadas durante el mandato del presidente militar Alejandro Agustín Lanusse, que gobernó entre los años 1971 y 1973.

Por último, Milei derogó el Código Aduanero, la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Monopolio del Banco Nación, todas aprobadas durante el gobierno del entonces dictador Jorge Rafael Videla, que gobernó entre 1976 y 1981.

Estas tres leyes fueron promovidas por el entonces Ministro de Economía, José Martínez de Hoz, y permitieron al gobierno de facto cerrar las importaciones en un intento de favorecer la industria nacional mediante la sustitución de importaciones y el subsidio de la misma. Sin embargo, estas medidas también generaron una crisis económica al forzar a las grandes empresas a competir con las pequeñas y medianas compañías.

En resumen, la firma del decreto de desregulación marca un cambio significativo en la política económica argentina, eliminando regulaciones impuestas durante décadas y abriendo el mercado a una mayor competencia y flexibilidad económica.