Los policías Pedro Díaz y Ricardo Torres Barboza habían comido un guiso de arroz por la noche, junto a Alejandro Vatalaro, quien los acompañó con unas galletitas y una gaseosa. Los tres estaban a cargo de la Planta Transmisora del Ministerio de Seguridad en las afueras de La Plata el 18 de octubre de 2007. Todo parecía marchar bien, tranquilo, en esa quinta semi rural de Arana. Sin embargo, en medio del silencio, entre la 1.30 y las 3.30 de la mañana del día 19, fueron salvajemente asesinados. Los ultimaron a puñaladas y tiros. Con tirria.

El oficial Vatalaro, de 27 años, de acuerdo al peritaje que se realizó tenía 36 heridas de arma blanca y tres de arma de fuego. El oficial Torres Barboza, de 26 años, diez puntazos y dos disparos. Mientras que el sargento Díaz, de 45 años, doce heridas de arma blanca y dos de arma de fuego. Su cuerpo apareció semidesnudo a metros de la casa en la que quedaron sus compañeros. Había peleado con los agresores y encontró la muerte allí, afuera, en la inmensidad de la noche estrellada.

Los tres policías de la Bonaerense fueron sorprendidos mientras estaban en el puesto de guardia del amplio predio de 24 hectáreas del Ministerio de Seguridad, donde un galpón y tres construcciones más chicas rompían el paisaje verde. Allí custodiaban la planta transmisora en las que las antenas sirven para comunicar las departamentales y las comisarías de la provincia.

Por las reiteradas heridas de arma blanca, los peritos estimaron que quienes cometieron esos asesinatos no sabían matar. Por eso en un primer momento se pensó en un crimen pasional. Y se apuntó a un empleado del Ministerio de Desarrollo Humano, que fue el primer imputado, aunque tiempo después quedó fuera del radar judicial. La fiscal Leila Aguilar, a cargo en ese momento de la causa, fue desplazada.

Con la llegada de los fiscales Marcelo Romero y Maribel Furnus, y bajo el control del juez César Melazo, pasaron a manejarse dos hipótesis: la del robo de droga que, supuestamente, se escondía en esos galpones de avenida 7 y calle 630, y la del robo de costosos equipos de comunicaciones y armas. Cabe recordar que Melazo es el ex magistrado hoy detenido por ser acusado de ser parte de una presunta organización mixta integrada por funcionarios judiciales, policías, ex convictos y barras, que habría cometido diversos ilícitos en el Gran La Plata.

Detenciones y condena

Sin embargo, la causa tuvo otro giro cuando la investigación pasó a la Fiscalía de Delitos Complejos, tras la recusación de los anteriores fiscales y de Melazo. El nuevo equipo pidió la detención de Marcos Casetti, un efectivo que también hacía guardias en ese lugar, y de Mariano Ezequiel Filippi Medina, un ex oficial penitenciario.

Allí empezó a hablarse no sólo del robo de armas sino de un atentado contra la cartera de Seguridad que tuviera impacto político y golpeara al entonces ministro León Arslanián.

El tercer imputado, en tanto, fue Fernando Darío Maciel, a quien se le adjudica la participación en la escena del crimen. Pese a que sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional, nada se sabe de su paradero y desde hace años figura entre las personas buscadas por las fuerzas de seguridad.

En noviembre de 2009 en una extraña cámara oculta realizada a Casetti, quien estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata, éste se autoincriminó e involucró a Filippi Medina y a Maciel en el hecho ocurrido nueve días antes de las elecciones de 2007, que vio como ganadora a Cristina Fernández de Kirchner. Allí cuenta que el objetivo del asalto fue robar las armas y luego atentar contra el Ministerio de Seguridad con el objetivo de producir un fuerte impacto antes de los comicios. El video, grabado con una "lapicera-cámara" por un ex policía, generó muchas dudas, pero fue tomado en cuenta en el juicio posterior.

Al video se le sumaron las huellas perfumadas dejadas en un manojo de llaves que apareció tirado afuera de la planta transmisora, y que la Policía Científica precisó que eran recientes. Pertenecían a Casetti. Además, testigos de identidad reservada lo vieron en la zona, mientras que la pistola 9 milímetros con la que se habrían cometido los crímenes desapareció. Curiosamente, el policía la denunció como "sustraída" al día siguiente del hecho.

A Filippi, quien no supo explicar ante el tribunal qué hizo esa madrugada, se le detectó el celular bajo la zona de influencia de una antena ubicada a pocas cuadras de la casa de Casetti y del prófugo Maciel. Pero además, en el informe telefónico se detalló que previo a la masacre existían llamados entre los tres y que tras la matanza, dejaron de comunicarse.

En diciembre de 2014, tras la declaración de unos 300 testigos, un tribunal condenó a Casetti y Filippi Medina como coautores de los homicidios. Se llevaron, además de "tres vidas", ametralladoras, una escopeta Itaka calibre 12/70, chalecos antibalas, pistolas, el teléfono celular de una de las víctimas y la camioneta Chevrolet asignada a la dependencia en la que se dieron a la fuga. Mientras que dos de los autores del triple crimen están tras las rejas, otro permanece prófugo, y a muchos familiares de las víctimas la historia de tres homicidas que llegaron para robar armas y hacer "un golpe" contra las elecciones de 2007 no les cierra por ningún lado.