En el año 2020 la cantidad de causas iniciadas en Olavarría tuvo un descenso de 30 por ciento
Según los datos del Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal (SIMP) de la provincia de Buenos Aires, disminuyeron también en un porcentaje similar la causas por abigeato y las vinculadas a la tenencia y comercialización de estupefacientes. Subieron, en contrapartida, las actuaciones por daño y usurpación de inmuebles.
@dariomachado9
El cúmulo de causas judiciales iniciadas a lo largo del año 2020 en las fiscalías de Olavarría tuvo un marcado descenso en relación a lo sucedido el periodo anterior, situación que principalmente estuvo vinculada a las estrictas restricciones impuestas por el Gobierno Nacional en el marco del ASPO y el DISPO por la emergencia sanitaria por el Covid-19. Como ocurrió durante períodos previos, la mayoría de las instrucciones realizadas fueron por delitos como amenazas, hurtos y lesiones, que corresponden a más del 30 por ciento del total, pero a lo largo del año pasado crecieron delitos como daño y usurpación de inmuebles, mientras que tuvieron un marcado descenso las causas vinculadas a la ley 27373 de Estupefacientes y las de abigeato.
De acuerdo a las estadísticas del Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal (SIMP) de la provincia de Buenos Aires, el año pasado en Olavarría se iniciaron 3979 IPP por delitos consumados y por tentativas de delitos en el Fuero Criminal y Correccional. Dicho informe no incluye las causas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Más allá de las cifras, ocurrieron varios casos que afectaron particularmente a los vecinos de Olavarría.
El año 2020 comenzó con el femicidio de Valentina Gallina, una joven que fue asesinada por quien era su pareja en una vivienda del barrio Isaura. El crimen de la chica de 19 años llevó a que el Honorable Concejo Deliberante aprobara la ordenanza para declarar la Emergencia por Violencia de Género en Olavarría, y en el ámbito judicial, en los primeros meses del año pasado comenzó a organizarse en el Departamento Judicial de Azul la creación de las fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género. En Olavarría se constituyó en abril de 2021 y es coordinada por la fiscal Viviana Beytía.
También en los primeros meses del año pasado se sucedieron una serie de violentos asaltos y robos en quintas, barrios y localidades del Partido por parte de integrantes de dos bandas. En ambos casos tenían una modalidad de tarea similar, dado que atacaban en horas de la noche, armados y encapuchados, reducían y ataban a las víctimas y se llevaban dinero y otras pertenencias. A lo largo del 2020 mediante las tareas investigativas de las fiscalías y los policías se logró capturar a varios de sus integrantes y desarticular a las "Bandas de los Encapuchados".
Mientras transcurrían las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio se acumularon cientos de actuaciones realizadas por la policía local a personas que infringían los decretos nacionales por la emergencia sanitaria. Además, en estos meses la detención de un tercer acusado por el homicidio de Marcos Alonso sorprendía a los olavarrienses, dado que ya habían pasado 10 años del crimen del abogado. Se trata de Reynaldo Gabriel Castilla Rocha, quien fue capturado en Pilar.
En la segunda mitad del año vecinos del barrio Coronel Dorrego protagonizaron varios reclamos y reuniones para visibilizar los hechos de inseguridad que se daban en el sector, hasta que fue internado un adolescente acusado de ser el autor de estos robos. También se vivió una importante movilización en la Plaza Central días después que denunciaran que un joven había sido víctima de un caso de "abuso policial" en el Skate Park. La concentración terminó con algunos de los manifestantes que arrojaron piedras a los policías que estaban apostados frente a la puerta de la Municipalidad y respondieron con gas pimienta: fue el hecho más grave del año que combinó aspectos de seguridad y políticos.
Las cifras
El informe del Departamento Judicial de Azul al que tuvo acceso EL POPULAR indica que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se iniciaron 3979 causas en las cuatro fiscalías del Fuero Criminal y Correccional que se encuentran en Olavarría (no se incluyen los expedientes de la UFI 23 porque está especializada en delitos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil). La cifra es notablemente menor a lo que ocurrió el año anterior, cuando la cantidad de IPP ascendió a 5674 durante todo 2019, en tanto que en 2018 fue de 6084. De esta manera, la disminución en relación al año previo fue 29,8 por ciento, y de 34,5 por ciento si se compara con lo ocurrido en 2018.
A nivel Departamental también se produjo un importante descenso entre 2020 y 2019, en este caso del 17,1 por ciento. En tanto que en toda la Provincia la variación interanual fue de 15,3 por ciento.
De acuerdo a las cifras del SIMP, el año pasado la mayor cantidad de causas iniciadas estuvieron vinculadas a la conflictividad social, como sucedió en los dos periodos anteriores. En 2020 se iniciaron 493 IPP por el delito de amenazas y la misma cantidad por hurtos, en tanto que fueron 361 por lesiones y 345 por desobediencia. Entre los cuatro delitos suman el 42 por ciento del total de las causas iniciadas.
En la relación interanual se puede analizar además que las IPP por lesiones leves tuvieron un descenso de 43,8 por ciento (de 824 en 2019 a 361 en 2020), y también se registraron bajas en todas las causas vinculadas a la tenencia y comercialización de estupefacientes, que se redujeron un 31 por ciento en relación a 2019 y 44 por ciento sobre 2018. En el caso de las causas iniciadas por abigeatos se redujeron 27 por ciento, y en cuanto a lo que hacen delitos de abuso sexual, el porcentaje de baja fue similar.
También se redujeron más de 40 por ciento las causas por homicidios y tentativas de homicidios, ya sean crímenes o muertes ocurridas en ocasión de siniestros viales. En 2018 se habían iniciado 32 causas por este tipo de delitos, en 2019 fueron un total de 25 y el año pasado 14.
En el caso de los robos el descenso fue de 25 por ciento: en 2019 se iniciaron causas por 481 delitos que fueron encuadrados en esta categoría y el año pasado descendieron a 358.
En contrapartida, aumentaron las causas por usurpación de inmuebles en casi 38 por ciento y las IPP iniciadas por daño 18 por ciento. En el caso de las radicaciones por estafas, el año pasado se iniciaron 102 causas, en tanto que en 2019 fueron 110, pero la diferencia es notable en relación a lo ocurrido en 2018, cuando fueron un total de 55.