Corte de apelaciones mantiene en suspenso la polémica ley SB4 de inmigración de Texas mientras se determina si es constitucional
La ley SB4, que autoriza a los funcionarios estatales a arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente a EE.UU., permanecerá bloqueada mientras se resuelven los desafíos legales contra su constitucionalidad, según dictaminó un tribunal federal de apelaciones.
En un fallo de 2-1, un tribunal federal de apelaciones decidió mantener en suspenso la implementación de la controvertida ley SB4 de Texas, que permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Esta medida se mantendrá mientras el tribunal aborda la cuestión fundamental de si la ley viola la Constitución estadounidense.
La decisión del tribunal de mantener bloqueada la ley SB4 llega después de varios días de incertidumbre legal. La ley entró brevemente en vigor tras una decisión del Tribunal Supremo, solo para ser nuevamente suspendida por el panel de la Corte de Apelaciones poco después.
En la opinión mayoritaria, redactada por la presidenta del tribunal, Priscilla Richman, se señala que la ley probablemente sea inconstitucional. Se destaca que la falta de financiamiento y voluntad política ha dejado un "vacío enorme" en el ámbito de la inmigración, que Texas intenta llenar con la ley SB4.
La ley SB4, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, criminaliza la entrada ilegal a Texas y otorga a los jueces estatales la autoridad para ordenar la deportación de inmigrantes.
El juez de distrito de EE.UU., David Alan Ezra, había bloqueado la ley a finales de febrero antes de su entrada en vigor, argumentando que podría dar pie a que cada estado promulgara su propia versión de las leyes de inmigración, desafiando así el poder federal en esta materia.
El Gobierno de Biden, junto con dos grupos de defensa de los inmigrantes y el condado de El Paso, están entre los que han impugnado la ley SB4. La Corte de Apelaciones escuchará los argumentos el 3 de abril para decidir si confirma la orden judicial que bloquea la ley, lo que podría significar un golpe significativo para su implementación.