En los últimos días de Mayo, el dólar oficial presentó pequeñas subas ubicándose entorno a $ 8.08, con el Banco Central comprando divisas e incluso liberando un poco las importaciones. No obstante, la variable que volvió a presentar una fuerte presión al alza fue el contado con liquidación, en parte por la liberación del intervencionismo de los organismos oficiales tal como había sucedido en las últimas ruedas de la semana pasada. Así este saltó de $ 10,80, cruzó los $ 11 y se ubicó en torno a $ 11,20. La misma tendencia se hizo visible en el marginal que subió unos 25 centavos a $ 11,80, y el dólar Bolsa que rondó cerca de los $11,50.

Cabe destacar que a principio de semana hubo una positiva licitación de letras por parte del BCRA que mantuvo tasas, pero logró renovar la totalidad de los vencimientos y contraer por más de $ 3.000 millones la base monetaria. En el mes, por esta vía, la entidad ya aspiro unos $ 7.000 millones de circulación. De todas maneras no hay que desviar la atención del segundo semestre, donde escasearan nuevamente los dólares y el Estado necesitará un fuerte financiamiento.

Como muestra de ello el Ministro de Economía, Axel Kicillof, se reunió con miembros del Club de París para negociar un acuerdo para determinar el monto final y condiciones de pago, e intentar apartar al FMI como auditor del asunto. De tales reuniones se llegó al acuerdo de consolidar la deuda en USD 9.700 millones al 30 de abril de 2014. Su cancelación se efectuará mediante dos pagos a cuenta del capital en Julio 2014 y Mayo 2015 de USD 650 millones y USD 500 millones respectivamente y el resto se financiará en 5 años a una tasa del 3%. De esta manera, Argentina da muestras de cumplir con los acuerdos pactados anteriormente con el objetivo de retornar al mercado de financiamiento internacional y de atraer inversiones directas para apalancar la producción, el crecimiento y el empleo, cuestiones básicas para apuntalar el crecimiento y reducir la inflación.

Otro tema que preocupa al Gobierno argentino es la definición de la causa contra los tenedores de bonos que no aceptaron el canje, pues el hecho de tener que afrontar este pago podría generar un default en el gobierno dado que en la actualidad no se cuentan con los fondos suficientes para hacer efectivo el pago en cuestión.