Diovanet Olivera, jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, ha aceptado la solicitud de los abogados Ignacio Durán y Eduardo Sasson, representantes legales del empresario imputado por el envío de más de dos toneladas de cocaína a Europa. La carga ilegal fue descubierta en el puerto belga de Amberes dentro de un contenedor que transportaba budines y otros productos uruguayos.

Según informes de El País, la defensa presentó un escrito en el que argumentaba que el acusado sufre de diabetes y es trasplantado renal, y que las condiciones carcelarias afectarían su salud. Aunque reconocen la presencia de un dispensario médico en el penal de Punta Rieles, donde el acusado fue alojado inicialmente, afirman que este no cumple con los estándares necesarios para el cuidado de un trasplantado renal.

Los abogados sostienen que la permanencia en prisión representaría una amenaza para la vida del acusado, quien carece de antecedentes delictivos. Además, citan opiniones médicas que resaltan la necesidad de un entorno limpio y ventilado para su tratamiento.

La resolución llega en un contexto donde menos de un año atrás se reveló un escándalo de falsificación de certificados médicos para beneficiar a presos con prisión domiciliaria. Este caso, que involucró a un peligroso narcotraficante, generó polémica después de que el individuo se fugara tras romper su tobillera electrónica, y actualmente se encuentra en paradero desconocido.