El país árabe está sumido en una crisis desde el 3 de julio pasado, cuando el Ejército depuso al primer presidente elegido democráticamente, el islamista Mohamed Mursi, que se profundizó la semana pasada con una represión a manifestantes islamistas que continúa y ya causó más de mil muertos civiles.

En este escenario, se produjo el ataque más grave contra las fuerzas de seguridad en los últimos años en el Sinaí, perpetrado por supuestos extremistas, cuando dos vehículos de la policía sufrieron una emboscada y fueron atacados con lanzagranadas.

Se desplazaban desde Rafah, situada en la península del Sinaí y fronteriza con la Franja de Gaza, Palestina, en dirección oeste hacia la capital de la provincia de Al Arish.

Las fuerzas de seguridad acordonaron los accesos entre la península del Sinaí y el resto del país tras el ataque y también cerraron el paso de Rafah con la Franja de Gaza.

Además, enviaron refuerzos de la policía y el Ejército a Rafah y al área cercana de Sheij Zuweid, región considerada feudo de salafistas y de supuestos miembros de la red Al Qaeda.

Pero los Hermanos Musulmanes (HM), la organización de Mursi, acusaron a las autoridades de orquestar el ataque en el Sinaí para encubrir la muerte ocurrida ayer en un confuso incidente de 36 presos islamistas, que aseguran fueron torturados y calcinados.

En cambio, la versión oficial afirma que fallecieron asfixiados por gases lacrimógenos que la policía arrojó para sofocar un motín mientras eran trasladados desde El Cairo hacia Abu Zabal.

En medio de la crisis, el Tribunal penal de El Cairo le otorgó la libertad provisional a Mubarak -derrocado por las revueltas de la primavera árabe en febrero de 2011 y detenido dos meses después-, luego de que expiró el plazo de detención preventiva por este caso de corrupción.

No obstante, las autoridades judiciales consideraron que Mubarak debe seguir en la cárcel por otras causas abiertas contra en su contra, incluida la muerte de manifestantes durante la revuelta de hace poco más de dos años, informó la agencia de noticias DPA.

Mubarak, quien gobernó más de 30 años Egipto, fue condenado a los 84 años a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de los manifestantes de 2011, pero en enero pasado un tribunal ordenó repetir el juicio.

La posible liberación de Mubarak introduciría un nuevo elemento de inestabilidad en el país norafricano desde que fue derrocado Mursi, detenido desde entonces por los militares.

El mandatario islamista está en prisión preventiva acusado de colaborar con el movimiento palestino Hamás para perpetrar "acciones enemigas" contra Egipto y por el asesinato y secuestro de policías y reos durante el asalto a una cárcel.

A estos cargos, la Fiscalía egipcia sumó hoy una nueva causa, al implicarle en la muerte, detención y tortura de ciudadanos durante los disturbios ocurridos en diciembre de 2012 frente al palacio presidencial de Itihadiya, en El Cairo, en los que murieron 11 personas.

Por ello, la justicia egipcia ordenó hoy su detención preventiva por 15 días, una medida cautelar que entrará en vigor cuando acabe el periodo de prisión por el otro caso.

Así comenzó una semana de anunciadas protestas en el convulsionado Egipto, bajo toque de queda y la amenaza de las autoridades de aplicar más represión a quienes busquen "incendiar la nación", y tras cuatro días de furia.

Los partidarios de Mursi celebraron nuevas protestas para exigir su restitución en el poder y condenar el violento desalojo de sus campamentos en El Cairo el miércoles pasado.

Miles de islamistas salieron de numerosas mezquitas, tras el rezo de la tarde en la capital egipcias y en otras ciudades como la norteña Alejandría, la segunda más poblada del país, y en la sureña Beni Suef.

Aunque en menor medida que en jornadas anteriores, se registraron disturbios en la ruta entre Alejandría y Abu Qir y en la población de Zagazig, en el delta del Nilo, de donde es originario Mursi.

En el plano internacional, la represión en el país árabe renovó hoy la preocupación internacional: la ONU reiteró su condena al gobierno de facto por el uso excesivo de la fuerza y la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW)denunció que esa es la principal causa del elevado número de víctimas en las protestas en Egipto.

Además, la asistencia económica que recibe Egipto empieza a ponerse en duda entre países occidentales debido a la represión.

La Unión Europea (UE) comenzó hoy a mantener reuniones para resolver esta misma semana qué medidas toma con Egipto, entre ellas un posible embargo de armas.

Estados Unidos, que decidió suspender las maniobras militares conjuntas con Egipto, dijo hoy a través de su Departamento de Estados que aún no tomó una decisión sobre la ayuda anual de 1.500 millones de dólares que le otorga, la principal asistencia económica del país árabe.

En este contexto, Arabia Saudita aseguró hoy que los países  árabes es islámicos ayudarán a El Cairo si fuera necesario compensar una eventual suspensión de la ayuda.