La Comisión Provincial por la Memoria denunció ayer que la Comisaría de Laprida no estaba habilitada para recibir personas detenidas. Este caso se suma al ocurrido con un joven alojado en una dependencia de El Talar. En ambas casos los hechos fatales se dieron bajo el cuidado de la Policía Bonaerense.

"La CPM interviene como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó en ambas causas y exigió que se garantice una investigación exhaustiva y adecuada de los hechos", se menciona en la Agencia Andar. 

Las personas detenidas en comisarías bonaerenses padecen graves violaciones de derechos humanos: sobrepoblación y hacinamiento extremo, condiciones inhumanas de detención, torturas y malos tratos. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las sentencias judiciales y resoluciones administrativas que clausuran estos lugares son reiteradamente incumplidas por el gobierno provincial.

El último fin de semana la joven de 26 años Daiana Soledad Abregú fue detenida por una contravención menor de "alteración del orden público" y alojada en los calabozos de la comisaría de Laprida el domingo a la madrugada. Horas más tarde la encontraron muerta en circunstancias dudosas. Una gran manifestación de vecinos reclama justicia en Laprida, denuncia prácticas policiales violentas y que se trató de un asesinato.

Una semana atrás una situación similar ocurrió con un joven en una comisaría de El Talar. En ambos casos las muertes fueron por ahorcamiento.

El organismo ya lleva registradas 5 muertes bajo custodia estatal en dependencias policiales en lo que va del año, que se suman a los 25 casos relevados durante el año pasado.

Las coincidencias no terminan en la mecánica de la muerte. Ambas comisarías tenían clausuras judiciales y administrativas y no estaban habilitadas para alojar personas detenidas. La Policía de la provincia de Buenos Aires desobedeció las órdenes judiciales. Los datos surgen de la última actualización del Centro de Operaciones Policiales (COP) dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

A pesar de los fallos judiciales, las prohibiciones y clausuras, y la denuncia sostenida sobre las condiciones de detención en estas dependencias, las comisarías continúan funcionando como depósito de personas detenidas, sometidas a graves violaciones de derechos humanos.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se está presentando como Particular Damnificado Institucional y ya solicitó informes a las dependencias judiciales a cargo de investigar las causas de muerte y a los organismos estatales responsables de la situación.

También se hicieron las denuncias pertinentes ante la Auditoria de Asuntos Internos y se exigió el cumplimiento de la resolución N° 1390 de la Procuración provincial que establece los protocolos a seguir cuando las fuerzas de seguridad están involucradas en un posible delito.

Aunque una hipótesis en estos casos sea el suicidio al tratarse de un contexto de encierro deben ser investigadas las responsabilidades de los funcionarios a cargo del lugar. "Una de las hipótesis posible siempre es la falta de cumplimiento del deber de cuidado y eventualmente la infracción de las resoluciones dictadas y la normativa vigente", explican desde la CPM. Según los datos del organismo el ahorcamiento es la principal causa de muerte en comisarías es (36%), seguido por la deficiente atención médica (15%). Para el 35% de los casos se desconoce la causa.

El relevamiento de muertes ocurridas en comisarías se realiza desde el año 2012. El total de casos asciende a 225 en 9 años y del total de personas fallecidas durante el periodo el 97% eran varones y el 3% mujeres. Este tipo de hechos no puede analizarse por fuera de las condiciones gravosas de detención que padecen las personas detenidas: sobrepoblación, aislamiento extremo, torturas sistemáticas, nula atención de la salud, falta de higiene y servicios básicos.