La problemática de la toma de terrenos en Piccirilli al 1000 continúa sin resolverse. A pesar de que se había ordenado un desalojo compulsivo para el 31 de octubre, la Justicia decidió dar marcha atrás con esta medida. El defensor oficial Pablo Molina Marañón, quien representa a las familias instaladas en el lugar, explicó en una entrevista con Radio Tandil los motivos por los cuales presentó un pedido de suspensión ante el Juzgado de Garantías, el cual fue aceptado por el titular.

Según Molina Marañón, el objetivo de este pedido era reabrir la instancia de negociación, con el fin de evitar situaciones violentas y convocar a organismos nacionales y provinciales para que realicen un relevamiento de las familias que se encuentran en la toma. Con esta información, se buscaría brindar una respuesta diferenciada a cada una de las necesidades de dichas familias.

El defensor oficial destacó que existen dos grupos que requieren especial atención: los adultos mayores y los menores con problemas de salud. En última instancia, lo que se busca es que el Estado brinde una solución a la problemática de fondo, que es la falta de acceso a la vivienda.