Claudia Rafael / crafael@elpopular.com.ar

Este domingo, la jueza de Garantías Fabiana San Román concedió por la noche el pedido de detención para cinco policías de Laprida acusados por el homicidio de Daiana Soledad Abregú. Pasadas las 21.30 se realizaron los allanamientos que derivaron en la detención de todos los acusados. Los cinco nombres son: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Juliana Zelaya, Leandro Fuhr y Vanesa Nuñez.

Los primeros cuatro seguían en funciones en diferentes comisarías y la última estaba separada del cargo ya que era la que aparecía como más comprometida por ser quien estaba destinada a "imaginaria", la vigilancia directa de la víctima. La jueza San Román hizo lugar, con esta medida, al pedido que el lunes de la semana pasada le formuló el fiscal Juan Ignacio Calonje, del área de Violencia Institucional. Reaccionaba así al pedido que 48 horas antes le había formulado la Comisión Provincial por la Memoria.

Durante 51 días se sostuvo la versión del suicidio de la joven, detenida el 5 de junio en aquella ciudad. Fue por la tarde del día siguiente en que golpearon la puerta de la casa de los padres para decirles que su hija se había colgado, con su campera, de una reja en el calabozo. El primer punto extraño fue que les avisaron más de tres horas después de su muerte. Hoy mismo los cinco policías serán indagados por el fiscal Ignacio Calonje.

La figura penal es gravísima: todos fueron acusados de "Homicidio calificado por su comisión con alevosía y por abusar de su función en su calidad de miembro de las fuerzas policiales", delito que tiene penas muy elevadas.

Los resultados completos de la autopsia se conocerán probablemente en diciembre pero ya se sabe que no había signos de ahorcamiento. En el entorno de la investigación penal presuponen que la joven tuvo una crisis nerviosa que intentaron calmar y supuestamente le habrían colocado una bolsa en la cabeza que la habría ahogado velozmente. Fuentes de la investigación dijeron que presuponen que "la chica estaba exaltada y le aplicaron bolsa" y agregaron que "estaba hiperdilatada, hiperventilada y al aplicarle bolsa muere por asfixia con muchísima mayor rapidez".

Laura y Roberto, padres de Sole, dijeron a este diario para la nota publicada el domingo de la semana anterior que "Sole fue al boliche, dicen que se peleó con otra chica. A ella sola la llevaron. A la otra chica no la llevaron ¿por qué?. Dijeron que ella tenía un ataque de nervios. Si es así, acá hay un lugar de salud mental ¿por qué no la llevaron ahí?. No tenía alcohol ni drogas en el cuerpo. Lo único que hacía era pedir que la dejaran ir. Decía: `me quiero ir a mi casa a ver a mi nene`".

Y agregaban en la misma nota que "yo creo que se les fue de las manos y que la mataron ellos". Ellos, al ver los resultados preliminares de la segunda autopsia sintieron que no hacían más que darles la razón.

El informe preliminar de la reautopsia –en la Asesoría Pericial de La Plata- concluyó que «examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura», «no se constataron lesiones en músculos del cuello… no se constataron alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne». La joven murió por un «síndrome general asfíctico». Falta ahora esperar los resultados definitivos para conocer con exactitud qué ocurrió aunque ya este adelanto determinó que Calonje modificara su mirada.

Durante un mes y medio Ignacio Calonje, fiscal de Violencia Institucional de Olavarría (que tiene Laprida a su cargo) creyó en la versión de la perito Claudia Ochoteco, de la Asesoría Pericial de Azul. Se aferró a su informe y se negó –hasta que ya no hubo más opción- a una segunda autopsia en un centro forense en el que se respetaran a rajatabla el protocolo de Minnesota. Que se debe aplicar en casos de una "muerte potencialmente ilícita y de toda sospecha de desaparición forzada". Se prevé su uso "cuando la muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida". El protocolo fue usado en causas como las de Santiago Maldonado, Luciano Arruga o Facundo Astudillo Castro.

En este sentido, nada de todo esto fue tenido en cuenta en la primera autopsia. Hasta ahora, el máximo responsable del área de Seguridad bonaerense, el ministro Sergio Berni, no se pronunció sobre el caso. Y se estableció la clásica medida que suele implementarse ante situaciones que comprometan al personal policial. Es decir, se los traslada de un partido a otro hasta que las aguas se calmen o bien, como en este caso, hasta que se agrave todo y los oficiales o suboficiales afectados terminan detenidos. De hecho, la única separada preventivamente del cargo fue la oficial a cargo de la vigilancia de Daiana Abregú.

La única reacción provino de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Tres Arroyos que expresaron su "repudio y preocupación por el traslado y permanencia en Tres Arroyos del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal".

Ninguno de ellos, sin embargo, como responsables máximos de la comisaría de Laprida cuando se produjo la muerte de la joven fue salpicado por la decisión de San Román ya que las detenciones abarcan a los cinco policías a cargo aquel día.