La iniciativa, que cuenta con un antecedente federal a partir de un decreto del ex presidente Mauricio Macri, se propone llevar al ámbito bonaerense la intervención del Estado en lo que refiere a delitos graves, tales como corrupción de menores, secuestros, defraudación, enriquecimiento y tráfico de influencia, entre otros.

Los senadores radicales coinciden en que "los bienes de los delitos probados por la Justicia ordinaria muchas veces siguen estando en manos de terceros que, de una u otra manera, pueden tener vinculación directa o indirecta con los condenados por la ley".

"En este sentido, la extinción de dominio no sólo actúa recuperando lo robado, sino que lo pone a disposición del Estado provincial para su inversión en las necesidades educativas y de salud para beneficio de todos los bonaerenses", remarcaron los legisladores.