La solicitud de que se dicte esta resolución estuvo a cargo del fiscal Lucas Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22 del Departamento Judicial de Azul, dependencia a través de la que se investiga la denuncia de estafa que presentaron las víctimas meses atrás, por la que resultó damnificada una familia de la vecina ciudad.

En enero pasado el titular de una cuenta del Banco de la Nación Argentina detectó que al depositarle los haberes de la jubilación mínima que cobra mensualmente, que es de 16 mil pesos, le habían debitado 4 mil pesos. Luego de contactarse con operarios de la entidad bancaria, le informaron que se trataba del descuento de un crédito de 110 mil pesos que habían sacado desde esa cuenta, pero que había sido transferido a otra persona. Se trataba de un hombre que les realizó una estafa telefónica en noviembre del año pasado.

"Advirtiendo que estamos en presencia de una medida cautelar de carácter excepcional cuyo objeto tiene por finalidad que no varíe temporalmente el orden de cosas actual, resulta pertinente establecer un término de vigencia de la medida de no innovar dictada en el presente, a los fines de evitar que la extensión indeterminada del curso temporal culmine por afectar en grado desproporcionado, resultando razonable imponer la misma por un término de 120 días", refirió el juez Federico Barberena en su resolución.

Además plante que cumplido ese plazo el fiscal Moyano "deberá establecer fundadamente la necesidad de su prórroga, en el caso de que el plazo impuesto no pudiere resultar suficiente en pos del fin de esclarecimiento postulado; haciéndole saber que de no expedirse una vez cumplido el mismo, en consecuencia habrá de ordenarse el cese de la misma".

En este contexto, el magistrado azuleño resolvió "ordenar la medida de no innovar respecto de los haberes previsionales" del damnificado que percibe mensualmente como parte de la jubilación mínima; y además libró un oficio al Banco de la Nación Argentina, "haciéndole saber a dicha entidad bancaria que deberá abstenerse de debitar los haberes mensuales del Sr. (...) la suma de $ 4.000 en concepto del préstamo otorgado, por el plazo de ciento veinte (120) días".

La estafa

Esta familia azuleña fue víctima de un "Cuento del tío" en noviembre de 2020, cuando recibieron un llamado telefónico por parte de un hombre quien expresó ser representante del Ministerio de Desarrollo Social con el propósito de que pudieran acceder al cobro del IFE, una suma de 10 mil pesos que pagó el Gobierno de la Nación el año pasado a trabajadores informales y monotributistas durante la emergencia por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la denuncia radicada a principios de este año, el hombre que llamó "sin cortar la comunicación le fue indicando los pasos a seguir para crear un homebanking, con la tarjeta de cobro del deponente". Entre las indicaciones incluyó que debieran ir hasta el cajero del banco y brindarle varios datos de su cuenta, y fue un amigo de la hija quien les alertó que los habían estafado.

Frente a esta situación dieron de baja la cuenta de homebanking, y si bien intentaron cambiar el CBU y la clave de la tarjeta en la entidad bancaria, en la sucursal le refirieron que "no se preocupara porque no habría inconvenientes ya que el homebanking había sido dado de baja", según consta en la causa. Tal es así que en diciembre no registró descuentos en sus haberes, pero sí en los del mes de enero. De manera inicial, luego de la resolución del Juzgado de Garantías Nº 2 de Azul, se suspenderá el descuento de las cuotas del préstamos bancario, mientras prosigue la investigación por la estafa.