Daniel Puertas

dpuertas@elpopular.com.ar

Si la mitad de las denuncias que se han formulado contra Campagnoli y que no forman parte del proceso en marcha llegan a ser ciertas, la principal responsabilidad del Gobierno no sería haber pergeñado una maniobra para proteger a Lázaro Báez sino haber omitido las medidas para tratar de eyectarlo antes del Ministerio Público Fiscal.

En rigor de verdad, no sólo Campagnoli logró sortear con éxito todas esas denuncias, previas la mayoría a su investigación sobre Báez, sino que además fue uno de los primeros funcionarios con los que contó Néstor Kirchner e incluso cargó con un procesamiento por no haber realizado detenciones ni desalojar la comisaría que había tomado un kirchnerista cerril como Luis D''Elía.

En realidad, la actuación pública de Campagnoli y sus consecuencias en los últimos años no puede ser abordada desde la lógica política, pero haría las delicias de un escritor que cultivara el realismo mágico.

Si cree que esta afirmación es aventurada y quizá teñida de parcialidad, baste recordar uno de los episodios más singulares protagonizado por el flamante ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y que fue profusamente difundido por los medios, aunque es tal el volumen informativo al que es sometido cotidianamente el ciudadano común que todas las cosas que pasan por el circuito mediático se esfuman rápidamente de la memoria.

Campagnoli tramitaba una causa por violación y tenía un imputado. El análisis de ADN dio negativo, pero el ingenioso fiscal ordenó entonces "un reconocimiento de pene", por medio del cual unos cuantos hombres y el sospechoso exhibieran su miembro viril ante la víctima para que ella tratara de identificar cuál era el arma utilizada para perpetrar el delito.

Previsiblemente, tal diligencia no se realizó por su carácter claramente ilegal. Dejando de lado los costados inevitablemente humorísticos del tema, la sola idea de someter a una víctima de violación a esa experiencia es siniestra.

A lo largo de toda su carrera, Campagnoli no pareció preocuparse mucho por las cuestiones de género. Una secretaria letrada, María de los Angeles Giménez, denunció que en el primer contacto que tuvo con Campagnoli, este le dijo "si vos querés tener pibes, andate. Yo necesito tu cargo". Como ella resistió, tuvo que soportar un permanente hostigamiento, según sus declaraciones.

También lo denunció Luordes Genoud -nada menos que sobrina del mentor de Campagnoli, Norberto Quantin-, quien tuvo la mala idea de formar pareja con un divorciado, lo que contradice claramente las convicciones religiosas del fiscal, quien le habría espetado "necesito tu cargo, te vas tener que ir. Necesito los cargos para mi gente. Si te quedás, yo voy a estar con el látigo".

Según la personas que lo denunciaron, de unas cien personas que había en la fiscalía que asumió Campagnoli renunciaron ochenta ante el trato brutal y discriminatorio del que éste haría gala.

Como la causa de la comisaría 24ª, las denuncias contra Campagnoli tuvieron siempre el melancólico destino del archivo. Ahora hay otras en marcha, como la presentada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) porque Campagnoli ordenó filmar ilegalmente a travestis y transexuales, incluyendo menores de edad. Esas fotografías están entre las alrededor de 1.500 que fueron halladas en sus oficinas después que lo suspendieran. Eran imágenes de vecinos del barrio Mitre, un sector poblado por personas de menores recursos que denunciaron varias veces que Campagnoli ordenaba allanamientos sin demasiados argumentos e irrumpía rodeado de policías al grito de "negros de mierda, los voy a matar a todos".

Campagnoli, a pesar de sus innumerables presentaciones mediáticas, nunca explicó por qué tenía abiertas 3.900 causas, lo que utilizaba como argumento para reclamar siempre mayor dotación de personal, pero cuando otra funcionaria se hizo cargo de la fiscalía encontró que sólo unas 380 causas estaban realmente en marcha, mientras el resto eran expedientes que se mantenían abiertos sin ninguna razón lógica.

Cruzados

José María Campagnoli formo parte en los 90 del grupo de fiscales y secretarios denominado "Los Centauros", liderado por Norberto Quantin, que se dedicaron con fervor a investigar casos de corrupción en el gobierno menemista.

Debe decirse que ni Quantin ni Campagnoli fueron acusados nunca con argumentos sólidos de deshonestidad. Por el contrario, siempre se mostraron como una suerte de cruzados contra la corrupción, motivo evidente por el cual fueron nombrados funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner en el ministerio que le encargó a Gustavo Beliz.

No era que Los Centauros no fueran objeto de críticas, pero estas partían generalmente de los sectores de izquierda, horrorizados por el fervor derechista de este grupo.

Quantin, toda una institución entre los fiscales, se definía sin rubores como "falangista y católico preconciliar" y hacer algunos años fue definido directamente como "nazi" por los periodistas Guillermo Cherasny y Chiche Gelblung, insospechables de izquierdistas, cuando difundieron la grabación de una escucha realizada a Quantin por medios ilegales.

El ex fiscal inició un juicio que les ganó tanto al diputado como a un concejal y los periodistas, aunque en el caso de Cherasny la Corte Suprema lo revocó parcialmente, entendiendo que la calificación de "nazi" es una opinión y no un hecho, por lo que no correspondía considerarla delito.

Campagnoli siempre fue el discípulo más fiel y destacado de Quantin, aunque nunca gozó del respeto como fiscal que tenía éste.

Los Centauros fueron disueltos por el gobierno menemista sobre finales de la década y años después, una vez jubilado Quantin, Campagnoli quedó como el más mediático de ese grupo que también integró Pablo Lanusse.

Mientras tanto fue acumulando denuncias hasta llegar a las veinte, una cifra que lo convirtió en el fiscal más denunciado del país.

Por lo general, siempre giraron en torno a la discriminación, el hostigamiento al personal y a la gente que allanaba -por lo general pobres-, aunque no faltaron las de incompetencia.

En el jury de enjuiciamiento, el que puede caerse tras la renuncia de la integrante cuyo voto iba a desempatar por un pico de estrés, seguramente originada en las presiones recibidas, en las que no faltaron las amenazas -por ejemplo en las redes sociales se publicaron los números telefónicos y direcciones de los miembros del jury-, Campagnoli enfrentó las acusaciones de modificación del objeto procesal, abuso de autoridad, difusión de información reservada y conducta carente de mesura.

Ocurre que transformó a Federico Elaskar de imputado a víctima en una causa que no había movido hasta que el financista apareció en el programa de Jorge Lanata y se dedicó a investigar las empresa de Lázaro Baéz, aunque ya había una investigación en marcha a cargo de otro fiscal, por lo que fue finalmente apartado no sin antes haber indagado a fondo en los negocios del santacruceño.

El juez Jorge Di Lello lo investiga bajo la suposición que abogados del grupo Clarín le redactaban los escritos, surgido de una presentación judicial en la que un abogado del estudio Sáenz Valiente presentó un dictamen sin terminar de Campagnoli.

El fiscal sostiene que le pudo haber llegado por otros medios que no fuera él y se ofendió ante la sola idea de que le escribieran lo que tenía que decir. La duda es si utilizaron un escrito de Campagnoli conseguido quién sabe por qué medios o si realmente se los redactaban y después se los escribían.

Ahora las opiniones dividen entre los que creen que Campagnoli es perseguido por el Gobierno por haber metido las narices en los negocios de Báez -probablemente la mayoría- y los que sostienen que Campagnoli armó una causa para hacer su aporte a una campaña de medios poderosos.

Pero tal vez eso no sea lo más importante, a la luz de las otras denuncias que ponen en seria tela de juicio la idoneidad de las personas que ocupan cargos cruciales en las instituciones de la democracia.