La historia del Censo y sus resultados sigue dando sorpresas en Argentina. Hace 153 años se hacía el primer relevamiento de datos y ahí se conoció que teníamos un país analfabeto, poca cantidad de habitantes y más curanderos que médicos. Estos datos preocuparon a Domingo Faustino Sarmiento, por esta razón, con los números en la mano, llamó a una reunión de gabinete y allí pronunciaría la conocida frase de "señores ministros, ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de estado para un siglo: escuelas, escuelas, escuelas".

Sarmiento comprendió la necesidad de medir para gestionar, marcando un hito en la estadística de nuestro país. El resultado del censo pone al gobierno en la situación de pensar políticas públicas con los datos en la mesa, o al menos eso esperamos los ciudadanos. Pero, lamentablemente, el camino de las buenas propuestas no siempre llega.

Según el proyecto presentado por el Diputado Nacional Martín Tetaz el censo del año 2010 fue adulterado. Si, aunque parezca increíble e inentendible el porqué. Según detalla Tetaz en su argumento, el partido de La Matanza tendría menos población que la resultante en el censo de hace 12 años. ¿Y qué se logra registrando un mayor número de habitantes del real? Mayor coparticipación para dicho distrito. Exacto, esto favoreció en el ratio de coparticipación, no sólo beneficiando a La Matanza, sino también perjudicando al resto de los municipios.

Increíble o no tanto, recordemos que por esos años los números que informaba mes a mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina (INDEC) distaban mucho de lo que mostraba la realidad, y que empleados denunciaban presiones e intervenciones en el organismo.

Fue la pandemia la que dejo entrever estos números, ya que los registros sobre la cobertura de vacunación Covid-19 en este Partido fue llamativamente la más baja de la provincia. Esto sugiere que el dato administrado de vacunas efectivamente aplicadas se dividió por un número que no refleja la verdadera población del distrito.

La población proyectada para 2010, en base al censo 2000, era de 1.381.599 y dio 1.775.816. Una diferencia de 27,6%. En este municipio las viviendas subieron un 24%, pero la cantidad de personas un 41%, la curva de La Matanza sale de la tendencia general por el inusual crecimiento de su población, incluso con municipios similares.

Los fondos de reparto se estipulan teniendo en cuenta un índice del 36% de la población de cada municipio y esto originó una distribución inequitativa. Lo marcábamos anteriormente, esta supuesta manipulación de datos no sólo significa un beneficio para La Matanza, sino que esta maniobra conlleva a que los otros 134 municipios de la PBA, entre ellos Olavarría, recibamos menos de coparticipación.

Todo esto enciende las alarmas a menos de un mes de la fecha estipulada para la realización de un nuevo Censo. Con esta información que nos llena de inseguridades y nos impide confiar, es urgente una explicación o una mínima investigación respecto a lo sucedido en el año 2010.

Por otra parte, vemos con preocupación la falta de interés del Estado en obtener datos concretos respecto a discapacidad en nuestro país. Sobre esto, presenté un proyecto en el HCD de Olavarría, que fue aprobado por unanimidad.

Hoy estamos censándonos digitalmente, siempre que no tengamos dificultades visuales, porque de lo contrario necesitaremos que nos ayuden o que alguien esté al lado completándolo. A esto se suma, falta de preguntas claras dirigidas a las personas con discapacidad. Por ejemplo, no censamos a las personas con Síndrome de Down. ¿El Estado no cree útil contar con este tipo de información?

Una vez más la transparencia, la certidumbre, la confiabilidad, la inclusión real (no discursiva), se desmoronan como castillos de arena. Es difícil pensar que los datos recaudados demuestren la realidad de nuestro país. Lo cual hace más complejo idear políticas públicas acordes a esos números, cuando un porcentaje de la población queda excluido y en algunos lugares son más de los que realmente son.

Necesitamos que se deje de invisibilizar la realidad y nos den garantías, recuperar la confianza, que nos devuelvan la esperanza de que en alguna de las políticas de Estado que aplican no tienen un trasfondo, o beneficio para grupo o municipio de su color político.

(*) Por Belén Vergel