Claudia Rafael / [email protected]

Uno de cada cuatro jubilados sufre pobreza estructural, según el informe del Barómetro de la Deuda Social que publicó la UCA (Universidad Católica Argentina) por estos días. En ese contexto, el gobierno festeja que los jubilados y pensionados de la mínima percibirán 50.300 pesos –al menos al quedar incluido durante los tres meses un bono de 7000- que, sin embargo, no alcanzan al 50 por ciento de la canasta básica. Que, en el mes de julio trepó –según Indec- a los 111.298 pesos. Aunque ahí no está incluido el 7 por ciento de la inflación que se conoció esta semana. Por estos días, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, analizaba que el aumento sumado al bono "evita caer demasiado ante la inflación pero no recompone".

Es de tal magnitud el incremento del valor de la canasta básica total que este haber mínimo ni siquiera alcanza a empatar el valor que tenía en junio de 2021, cuando –según el Indec- se necesitaban 66.488 pesos para no ser pobre. 

De la investigación del Barómetro de la Deuda Social, surge que el 26 por ciento de las personas mayores tiene pobreza estructural. Con, al menos, dos o más carencias. Y se concluye en el informe que "se encuentran en una mejor situación relativa las personas de más de 75 años, las personas mayores que han finalizado sus estudios secundarios, quienes viven solos o con otras personas también mayores, y quienes viven en CABA".

Pero hay una tendencia creciente –a partir de la necesidad- "a seguir formando parte de los mercados laborales. Si bien la gran mayoría obtiene sus ingresos del sistema previsional, que en Argentina es prácticamente universal y para todos, las otras fuentes de ingresos son los ahorros propios y la ayuda de terceros". Esa ayuda –que en el informe alude a aquella estatal y no estatal- ronda el 27 por ciento y es notoriamente inferior al de los hogares sin personas mayores.

Vivienda y salud

El 12 por ciento de las personas mayores no tiene acceso a una vivienda digna pero cuando se analiza desde el déficit en el acceso a servicios básicos abarca casi el doble. En cada una de las variables estudiadas, es insoslayable que las que lograron a lo largo de sus vidas mejores niveles educativos tienen mayores posibilidades. Esto es: en relación al hábitat y vivienda; en quienes tienen consultas médicas más frecuentes y entre quienes realizan actividad física sostenida.

El 19 por ciento de las personas mayores no acceden a una consulta médica anual y –un dato íntimamente relacionado con la salud- el 73% "no hace alguna actividad física al menos una vez a la semana". Se trata también de un déficit elevado entre quienes tienen menos de 60 años sin embargo no es de tanta magnitud en esa franja. Globalmente hay alrededor de cinco millones de adultos mayores que tendrían que incorporar ejercicios físicos a la rutina semanal pero no figura entre las prioridades y, ni siquiera, hay un impulso estatal programado en ese sentido.

La cuarta parte de los adultos de más de 60 sufren con frecuencia ansiedad y depresión. Y, demasiadas veces, está acompañado de factores exógenos ligados a la historia y a la sucesión de crisis socioeconómicas que hunden en la inestabilidad y provocan una mayor vulnerabilidad. No es casual que el 22 por ciento atraviese un déficit de proyectos personales que obligan a una supervivencia diaria sin contar con capacidad de proyectarse más allá de una suerte de presente continuo. Alrededor de un millón de adultos mayores está agobiado por "una sensación de insatisfacción y tristeza". Y ahí aparecen otros aditamentos: confluyen la realidad financiera adversa pero también la soledad y el olvido o abandono.

Atletismo inflacionario

Para que una familia tipo no cayera en la pobreza, en julio, sus ingresos no debían ser menores a 111.298 pesos. Al INDEC le falta el índice de agosto para agregar a esta suma inalcanzable para demasiados. Que, además, no incluye alquiler. A la vez, la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia y determina lo que necesita apenas para comer, quedó en $ 49.466. Es decir que este mes los jubilados que cobran la mínima apenas llegarán a superar la línea de la indigencia. Por mil pesos.

Con una inflación que en el año tocará el ciento por ciento, los jubilados recibirán un 15,53% proveniente del índice de movilidad. Nadie ha aventurado qué sucederá después de los tres meses en los que cobrarán el bono de 7000. Es, ni más ni menos, una medida desesperada del gobierno que ve disolverse los recursos de la gente mayor en medio de la factoría de pobrezas que implica la crecida inflacionaria. Seis millones cien mil jubilados cobran el haber más bajo, que subirá más de diez mil pesos repentinamente: 50.300. Pero de todas maneras, es inviable la vida de una persona mayor con ese ingreso. 

Como sostiene Eugenio Semino, el ombudsman de la Tercera Edad, se trata de un aumento para no perder del todo frente al atletismo inflacionario. Pero el problema estructural no se resuelve: los hombres y las mujeres mayores necesitan una alimentación sana, hiposódica (suelen ser hipertensos), hipocalórica (no deberían engordar, sufren de colesterol y muchos de diabetes) y rica en verduras y frutas. Este tipo de alimentación es privilegio de las clases acomodadas. La salud alimentaria es cara en la Argentina. Y los mayores la ven desde afuera, la ñata contra el vidrio, como al Cafetín de Buenos Aires.

Como marco de la fatalidad de este panorama, tantos años de deterioro social y económico en el país han derruido el sistema previsional. Históricamente, la Argentina optó por un sistema público solidario, de reparto, que se financia con recursos provenientes del pago de aportes y contribuciones previsionales, además de algunos impuestos que se recaudan para ese fin. Durante el menemismo, se privatizó el sistema y las jubilaciones dependieron de un régimen de capitalización, que es individual y depende de lo que deposite mensualmente cada trabajador. En el camino, las empresas bancarias se quedaban con, al menos un 30% de ese aporte.

El regreso al régimen de reparto implica una sensibilidad sistémica que abarca a todos aquellos que se caerían a las periferias sociales, con una vejez sin recursos. 

Hoy casi la mitad de los trabajadores están empleados en la economía informal, precarios y sin registrar. Por lo tanto, no se aporta al sistema. A la vez, el estado decide hacerse cargo, con el mismo concepto de solidaridad, de aquellos no registrados en décadas anteriores cuya última etapa de la vida caerá inexorablemente en la indigencia, y crea jubilaciones especiales sin aportes. El sistema previsional, después de años de desgaste y averías, amenaza con la quiebra. Es un camino cuya única salida es la recuperación del trabajo genuino y los aportes reales para que el sistema solidario vuelva a fortalecerse en el camino.