Daniel Puertas

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En declaraciones publicadas en estas mismas páginas, el senador massista Fabio Sorchilli definió como "un cuerpo de boy scouts" a policías que no puedan llevarse el arma a su casa y no puedan realizar detenciones por averiguación de antecedentes.

Siguiendo en esa línea de pensamiento, se preguntó cómo podrían realizar su función de prevenir el delito si no pueden detener a nadie por esa "averiguación de antecedentes", lo que pone de manifiesto un sistema de ideas, una concepción del mundo y de la sociedad.

Esa potestad otorgada a las fuerzas de seguridad es utilizada de forma tal que no sólo es absolutamente ineficaz como herramienta de prevención del delito, sino que se convierte en una excusa para reprimir a determinado sector social: los jóvenes pobres.

La "portación de cara", de ropa o el "olfato policial" son los que llevan a los policías a restringir los derechos individuales de determinadas personas, cuando no a convertirlas en víctimas de apremios ilegales o, directamente, torturas.

A la luz de la experiencia, está lejos de ser descabellado crear un cuerpo policial de proximidad que no tenga esa facultad para detener discrecionalmente a nadie. Si alguien duda, basta con analizar lo que viene ocurriendo en Olavarría, donde la fuerza se ha ganado justificadamente el mote de "policía brava", donde se han acumulado múltiples denuncias por brutalidad que por esas cosas que tiene la vida siempre quedan archivadas en oscuros cajones de alguna dependencia oficial y las cifras del delito no parecen haberse dado por enteradas que en nuestra ciudad hay mucha "prevención".

Evidentemente, el Frente Renovador está convencido de que hace falta más "policía brava" que un cuerpo profesionalizado y bien entrenado para combatir el delito.

No menos evidente es que el kirchnerismo puro aprovechó la necesidad del gobernador Daniel Scioli para introducir modificaciones que poco tiene que ver con la concepción de la seguridad del Ejecutivo, bien representada por el ministro del área, Alejandro Granados.

Así, el texto aprobado en la Cámara baja crea una fuerza de seguridad completamente apegada a las reglas de la democracia pero poco digeribles para los cultores de la "mano dura". Según ese proyecto con media sanción, los policías municipales deben "desempeñar sus funciones con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad, protegiendo los derechos de las personas" y "actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, en especial los vinculados a la vida, a la libertad, a la integridad y a la dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un superior justifique o autorice el sometimiento a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Como se verá, si los policías bonaerenses actuaran de acuerdo con estas normas, las torturas inflingidas a Diego González en la comisaría Primera jamás hubieran ocurrido o sus autores hubieran sido denunciados de inmediato por sus propios camaradas.

También se obliga a los futuros policías comunales a "asegurar la plena integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia". Parece improbable que pudieran cumplir con este mandato con jóvenes llevados compulsivamente a una comisaría por ser morochitos y usar gorrita.

El gobernador Daniel Scioli mostró su concepción de la policía y de la seguridad apenas asumió y dio marcha atrás con toda la reforma policial encarada por León Arslanian, que pretendía poner fin a una institución que se había convertido en una floreciente empresa dedicada a gestionar el delito en su propio beneficio. Hasta volvió a las viejas denominaciones de comisario y oficiales, y les concedió nuevamente el autogobierno.

El concepto con el que el diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Sain elaboró su proyecto de policías municipales, el mejor según la opinión generalizada, es diametralmente opuesta. Por eso Scioli debió hacer concesiones al kirchnerismo para conseguir la aprobación en Diputados y por eso les prometió a los renovadores "corregir" los excesos con la reglamentación o alguno que otro veto.

Lo curioso es que el Frente Renovador, cuya idea de la Policía quedó expuesta con las declaraciones de Sorchilli y otros de sus pares, acusen a Scioli de haber "pactado" con la Bonaerense, que en última instancia representa la "línea dura" a la que ellos adhieren.

En verdad, los más interesados en que el proyecto de Policías Locales entre en el limbo deben ser los hombres de la Bonaerense, ya que las fuerzas de seguridad comunales pueden arruinarle los jugosos "negocios" ilegales con la prostitución, el juego la droga, el armado de causas y otras "cajas" rendidoras.

Habrá que ver qué pasa mañana, pero los pronósticos no son optimistas y es muy probable que otro buen intento de mejorar la realidad se diluya nuevamente y quede para la próxima generación.