En el marco de una jornada de lucha que llevan adelante diferentes organizaciones sociales en distintos puntos del país, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves por la tarde el proyecto de ley de emergencia alimentaria, el cual dispone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias para políticas nutricionales. Presentado por los bloques opositores, ahora deberá sumar el visto bueno de la Cámara de Senadores.

En la previa del debate, el oficialismo había aceptado debatir la iniciativa ya que no modificaría las metas fiscales. En este contexto, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, solicitó una sesión corta con un solo orador por bloque. Si bien algunos legisladores plantearon algunas modificaciones, el diputado Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto, se negó a las sugerencias.

Así, con 222 votos a favor, una abstención y ninguna posición en contra, la Cámara de Diputados le otorgó la media sanción al proyecto de ley que ahora deberá buscar la aprobación del Senado para que finalmente se convierta en ley. Agustín Rossi, de Unidad Ciudadana, celebró la aprobación al finalizar el debate y destacó el trabajo previo que habían realizado los diferentes bloques días atrás. "Todos registramos el aumento de los precios de los alimentos y lo que sucedió después de las Paso", apuntó.

"Estamos conformes con haber logrado la media sanción por unanimidad. Logramos un resultado que pocas veces se logra, era una cuestión humanitaria no política. Celebramos las movilizaciones que hay fuera del Congreso para acompañar esta ley. Cuando vimos que el Gobierno no accionaba, decidimos hacerlo nosotros en la Cámara de Diputados", sostuvo el dirigente kirchnerista.

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO?

En concreto, el proyecto plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. Además, dispone un aumento de emergencia del 50%, como mínimo, "de las partidas presupuestarias vigentes" correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Y en tercer lugar, obliga a la Jefatura de Gabinete a partir del 1 de enero de 2020 hasta que dure la emergencia actualizar trimestralmente estas partidas presupuestarias según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

Fuente: 0223