El Jefe comunal evita hablar de los responsables y una vez más, como lo ha hecho en otras oportunidades, sostiene que "los que tienen que dedicarse a la historia son los historiadores, los periodistas y la Justicia".

Se puede estar de acuerdo o no con las declaraciones de Randazzo. Lo cierto es que mucha agua ha corrido bajo el puente. Pasaron más de 20 años desde que se generó el conflicto y no hay muchas precisiones de lo que sucedió en aquel entonces; entonces, tal vez, algunos de los que fueron responsables -por acción u omisión- corran con la suerte de que la memoria colectiva es finita.

El jueves último, la Municipalidad lamatritense depositó la última cuota de 1,3 millones de pesos y el arqueo final alcanzó los 19.784.589,04 pesos.

En el año 1996, la cooperadora de la Escuela Nº 9 comenzó una campaña de socios protectores a través de una rifa que organizaba la firma Sosa Hnos. En la última jugada se sorteaba un importante premio, cuyo ganador resultó Roberto Daniel Fernández, quien nunca lo cobró e inició acciones legales.

La rifa La Chacarera de la Suerte se sorteó en 1997 y la sentencia definitiva, en contra de La Madrid data de 2011.

Final, final

"Tenemos buenas sensaciones porque dimos respuesta a un problema muy grave que teníamos, que por momentos ha sido de mucha angustia", sintetiza Martín Randazzo tras dar por terminado el conflicto.

"Cuando nosotros ingresamos a la gestión el problema estaba y el proceso tan lento de la Justicia nos llevó a vivir momentos complejos: tener embargadas las cuentas, no poder funcionar... incluso se estuvo a punto de no poder pagar los sueldos", enumera el Jefe comunal lamatritense.

"Se resolvió", reitera casi con resignación, y sostiene que haber terminado los pagos "es muy importante desde el punto de vista desde lo económico, pero también desde lo administrativo porque podía suceder que de un día para el otro apareciera un dictamen de un juez que dictaba una medida". En ese camino, el Intendente recuerda cuando a la Municipalidad se le embargaron las cuentas en el Banco Nación y estuvo a punto de suceder con las del Provincia, que podría haber generado un descalabro económico. Incluso la Justicia ordenó la retención de bienes inmuebles.

"Nos hicimos cargo de algo que nos tenía inquietos y que no nos dejaba trabajar en muchos aspectos. Era algo que había que solucionar y no dejarle el problema a otro", repite Randazzo.

"El Municipio tenía sentencia de Corte bonaerense y no se podía llegar a la instancia de la Suprema Corte, porque en su momento no se hizo reserva de demanda. En 2011 quedó firme la sentencia y hasta 2017 se discutió la liquidación, la condena estaba firme, nosotros éramos culpables", explica.

"Buscamos bajar los costos con la ley de consolidación y el juez lo rechazó, por otra parte no se autorizó la reactualización de los montos y eso nos ayudó, porque si no hubiera más lo que debíamos pagar... podríamos haber seguido, pero con la posibilidad real de que el costo fuera mayor", cuenta sobre la negociación.

"La decisión de resolverlo fue muy bueno. Fue una decisión política tomada de manera conjunta y muy analizada", apunta.

"La bronca es con los generadores de esto que nunca estuvieron en la resolución y que deberían estar condenados porque generaron la estafa", dice más adelante el mandatario sin dar nombres propios.

"Tenemos que preocuparnos por el presente y por el futuro sin perder de vista lo que pasó; los que tienen que dedicarse a la historia son los historiadores, los periodistas y la Justicia. La Justicia tiene que actuar, el Tribunal de Cuentas también y nosotros tenemos que resolver el problema, que es lo que hicimos", concluye Martín Randazzo.

Lo que se pagó

_NOTA

La sentencia definitiva contra el Municipalidad de La Madrid, por el juicio iniciado en el año 1997 ("Fernández Roberto D. c/ Asociación Cooperadora Esc. 9 y Otros s/ incumplimiento contrato-daños y perjuicios"), se resolvió en contra de la Comuna en el año 2011.

Desde ese entonces y hasta 2018 se actualizaron los montos de la sentencia. La liquidación total de los implementos agrícolas eran 2.360.996 pesos y casi 6 millones de pesos eran de intereses. La Municipalidad quedaba en un brete. "Pagarla representaba una masa salarial completa", detalló el intendente Martín Randazzo.

Entonces se llegó a un acuerdo con los representantes del señor Fernández: aplicar la tasa pasiva digital del Bapro sobre lo dictado por la Justicia y así la deuda consolidada alcanzó los $ 15.926.331,33, a lo que hay que sumar 3,8 millones de intereses. La deuda total fue prorrateada a un año. "Terminamos pagando a largo tiempo, en uno de los peores años para la economía", resumió el Jefe comunal.