El Juzgado de Paz lapridense informó que los allanamientos "fueron positivos" y se secuestraron dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos. Los allanamientos, como se indicó más arriba se realizaron a partir de una investigación por denuncias reiteradas por violencia de género cometidas presuntamente a través de las redes sociales.

Las medidas se cumplieron a través de la Ayudantía Fiscal de Laprida a cargo interinamente de Guillermo Casenave, quien estuvo acompañado por la doctora Colantonio y policías de La Madrid, por cuestiones operativas.

Se dio intervención a la UFI N° 5 de Olavarría, a cargo de Viviana Beytía, y al titular de la UFI N° 7, Dr. Christian Urlezaga.

"La causa mencionada es una de varias análogas que se encuentran en trámite ante este organismo por reiterados hechos de violencia de género presuntamente cometidos por la misma persona denunciada que incluyen a víctimas menores de edad", se comunicó.

Los hechos mencionados comprenden, entre otros, actos reiterados de hostigamiento y denigración hacia las mujeres afectadas y sus familias. Se había ordenado al presunto agresor la abstención de los actos de perturbación contra las denunciantes y sus familias, agrega el parte oficial.

Asimismo se le había prohibido por sí o por interpósitas personas exponer, difundir o divulgar cualquier tipo de datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a las víctimas y sus grupos familiares, a través de cualquier red social y/o medio de comunicación o publicación por constituir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad. Se le había ordenado abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación o intimidación incluyendo el envío de mensajes de texto, de whatsapp, de llamados telefónicos, Facebook, twiter y/o cualquier otra red social o medio de comunicación.

"El objeto del allanamiento y secuestros ya cumplidos es evitar la repetición de hechos de denigración hacia mujeres, denunciados ante este Juzgado, evitar la reiteración de las desobediencias a las órdenes impartidas, recabar las pruebas para indagar los sucesos y proteger a las denunciantes", como lo dispone la Ley 26.485.

Se reitera a las mujeres víctimas de violencia de género su derecho a denunciar los hechos y sus reiteraciones y que el canal para denunciarlos es cualquier oficina pública entre ellas la Comisaría de la Mujer y la Familia.