Primero se creó un registro y se estableció el protocolo para el funcionamiento de las "Habitaciones, Casas y Departamentos de Alquiler Temporario". Esta ordenanza regulará el mercado para quienes disponen de inmuebles familiares para hospedar turistas.

Al respecto, los ediles apuntaron que fue una iniciativa de la Cámara de Turismo de La Madrid. Asimismo comentaron que es una manera de ordenar una actividad con una demanda creciente.

Los propietarios deberán inscribirse, para actuar como prestadores, en el registro que la Dirección de Turismo abrirá a tal efecto. Tendrán 90 días para adecuarse a la norma que los obligará, entre otras cuestiones, abonar la tasa de Seguridad e Higiene correspondiente a habilitación de comercios y tener un registro de huéspedes para los ingresos y egresos.

A continuación se trataron dos resoluciones presentadas por Juntos por el Cambio referidas al servicio de ABSA: que la empresa arbitre los medios para que aquellos que han sido perjudicados por los cortes en el suministro de agua puedan tramitar la eximición del pago y que comunique los cortes programados a realizar o el inminente faltante de agua.

Si bien el justicialismo acompañó las propuestas criticó al Departamento Ejecutivo municipal y reclamó "que tome el toro por las astas". En ese sentido pidió que analice la posibilidad de hacer una presentación judicial y gestione las obras necesarias para solucionar los problemas.

De comisión regresó una serie de expedientes para avanzar en el proyecto de la plantación de cannabis.

El oficialismo defendió la iniciativa y apuntó que será "una obra icónica" de "enorme potencial" porque no sólo tiene que ver con el posible desarrollo económico, sino que "aliviará el dolor espiritual y físico" de muchas personas. El FdT dio el visto bueno y explicó que el pase a comisión reclamado oportunamente había sido para aclarar algunos puntos, pero a la vez le reprochó al Ejecutivo que trate al Concejo como "una simple escribanía".

El otro proyecto que regresó de comisión fue la extensión de la emergencia económica, administrativa y financiera municipal mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Esto le permitiría a la administración del Departamento Ejecutivo la redistribución de partidas, entre otras cuestiones.

Este fue el punto que mayor controversia trajo. El justicialismo rechazó de plano la iniciativa porque "no hay lógica entre lo que se dice y lo que se hace". En ese marco, los ediles sostuvieron que, aunque la emergencia fue aprobada en mayo, desde entonces ha crecido el número de empleados municipales y se criticó el reparto discrecional de dinero en horas extras y bonificaciones.

Por último, fuera del orden del día, se incorporó una solicitud del Ejecutivo para autorizar la contratación de una empresa que proveerá de un invernáculo para la plantación de cannabis.