Las audiencias por la causa iniciada a principios de agosto de 2018 que fue instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Olavarría, se realizaron durante la segunda semana de julio, y a lo largo de cinco jornadas se escucharon testimonios ofrecidos por ambas partes. Además prestó declaración Conrado, quien no negó que hayan recibido dinero por parte de empresarios de la ciudad, pero argumentó que dichas entregas fueron "voluntarias".

El testimonio de Conrado, ex secretario de Finanzas de la Uocra, se escuchó el último día de las jornadas realizadas en julio, instancia en la que además las partes presentaron sus alegatos.

Por una parte, la fiscal azuleña Laura Margaretic, quien encabezó la parte acusatoria, solicitó que se dicte una pena de 12 años de prisión para Roberto D’Amico, quien durante cerca de medio siglo se desempeñó como Secretario General de este gremio en nuestra ciudad. La fiscalía planteó que el sindicalista, quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria, fue autor de los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefe u organizador", "extorsión" en dos hechos, "extorsión en grado de tentativa" en un hecho y "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

En tanto pidió que Conrado sea condenado a 10 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsables de los delitos de "asociación ilícita" en calidad de miembro, "extorsión" en dos hechos, "extorsión en grado de tentativa" en una oportunidad, "resistencia a la autoridades", "lesiones agravadas por tratarse de funcionarios de seguridad" y "cohecho". Finalmente, para Brun, ex Secretario de Finanzas de la Uocra, solicitó una pena de 8 años de prisión, por los delitos de "asociación ilícita", "encubrimiento" y "extorsión".

En contrapartida, las defensas particulares de los tres olavarrienses procesados solicitaron las penas mínimas o la absolución de sus defendidos. El doctor Federico Martínez, abogado que patrocina a Conrado, requirió además que se declare nulo el proceso y en más de una oportunidad a lo largo de las audiencias describió como "una farsa" el operativo inicial de principios de agosto de 2018 en el que fue aprehendido el sindicalista olavarriense en inmediaciones de La Máxima.

La causa

La investigación que derivó en la detención de los tres sindicalistas de la Uocra inició a raíz de un episodio que tuvo como protagonista a Luis Daniel Conrado, quien fue interceptado por agentes policiales cuando arrojaba residuos en un terreno baldío.

Cuando Conrado intentó evitar el control policial, e inclusive trató escapar, encontraron que en su camión había un sobre con la inscripción "Uocra agosto 2018", y además llevaba una importante suma de dinero, cercana a los 100 mil pesos, en el interior de una mochila.

Al tomar conocimiento de esta situación, la fiscal Viviana Beytía dio inicio a la investigación que llevó a que los tres gremialistas sean procesados y lleguen a juicio detenidos por extorsionar a empresarios del rubro de la construcción. Mientras D’Amico goza del beneficio del arresto domiciliario, los restantes permanecen alojados en cárceles.

El último día de agosto de 2018 se llevaron adelante múltiples allanamientos en distintos sectores de la ciudad, entre los que se encontraban los domicilios de los procesados y la sede de la Uocra Olavarría, ubicada en 9 de Julio y Belgrano. Este último procedimiento se extendió por varias horas, y al cierre del mismo se resolvió la detención de Walter Brun. En los allanamientos el personal policial secuestró más de 100 mil pesos, cerca de 5 mil dólares y 2.700 euros; vehículos, armas de fuego, celulares y notebooks.

Pocos días después se realizó la requisa de la camioneta de D’Amico, en la que encontraron también más de 100 mil pesos en un sobre con las inscripciones de la Uocra. El histórico sindicalista y ex concejal de Olavarría fue detenido en abril del año siguiente, instancia en la que fue imputado por ser el jefe de esta asociación ilícita.

Diversos testimonios presentados por la parte acusatoria durante las audiencias realizadas el mes pasado en la sede de la Excelentísima Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamental Judicial de Azul expusieron cómo actuaba esta organización, y será el fallo del juez Duba que se presente este mediodía que determinará si las pruebas presentadas fueron suficientes para comprobar la existencia de esta asociación ilícita en el seno de la Uocra Olavarría.