En la Argentina, el kirchnerismo todo, se arroga ser quien devolvió a la sociedad los ideales políticos (sobre todo a los jóvenes), quienes nos devolvieron a los argentinos la capacidad de exponer y discutir los viejos estamentos y producir cambios para el bienestar de todos y todas.

Pues esa bandera que alza este gobierno se contradice con el accionar político que ha mostrado a lo largo de esta década en la cual se persiguió sistemáticamente a quienes pensaran distinto, utilizando el aparato y el poder del Estado. Y como no podía ser de otra forma, el gobierno municipal replica en Laprida lo que sucede en el país.

Como es de público conocimiento, hace algo más de tres años que nuestra ciudad no tiene Juez de Paz designado y no se debe a que los mecanismos institucionales que contemplan nuestras leyes no funcionen, sino a la intervención de terceros que haciendo uso del poder que detentan, privilegiaron sus necesidades políticas por sobre las de la sociedad lapridense.

En octubre de 2010, la Dra. Marina Saint Martín realizó el examen en el Consejo de la Magistratura provincial, postulando al cargo de Juez de Paz. Fue la única que aprobó el mismo y obtuvo la recomendación del Colegio de Abogados de Azul para ocupar ese cargo.

Así, el Poder Ejecutivo provincial comunica al Senado el ingreso del pliego para la designación del cargo vacante y este debe darle estado parlamentario en el término de 120 días. Esto nunca sucedió por la intervención política del kirchnerismo local que solicitó "cajonear" el expediente, imaginamos que sin más argumento que su conveniencia de ocupar el cargo con alguien más afín a sus ideas ya que la única falta que podrían endilgarle a la Dra. Saint Martín es su afinidad a otra fuerza política. Esto lo sabremos cuando den al pueblo las explicaciones correspondientes del caso, como deben hacerlo todos los que detentan cargos públicos.

Cuando estas cuestiones tomaron estado público, desde el PRO nos comunicamos con nuestros representantes provinciales para interiorizarnos del estado de situación y ver qué gestiones se podían hacer para apoyar lo que correspondía, la designación de alguien que por mérito propio debe detentar el cargo que concursó dentro de los parámetros que obliga la ley. Incluso le acercamos al Ministro de Justicia provincial, Dr. Ricardo Casal, nuestra preocupación y una carta del Colegio de Abogados de Azul en el mismo sentido, pero el uso de la mayoría parlamentaria que tiene el kirchnerismo impidió cualquier posibilidad de resolución razonable.

Cualquiera podría pensar que estamos reclamando por un cargo menor, que el pueblo sigue funcionando y no ha desaparecido, etc., pero no es así. En realidad, se trata del avasallamiento del derecho de los ciudadanos. Un juez de Paz tiene entre sus incumbencias: intervenir en la situación tutelar de casos de orfandad, abandono material o peligro moral de menores de edad o incapaces; separación personal y divorcio vincular; tenencia de hijos y régimen de visitas; alimentos; suspensión de la patria potestad; Habeas Corpus y medidas cautelares; etc.

En fin, interviene en cuestiones de la vida cotidiana de la sociedad y que demandan pronta respuesta del Estado a través de uno de sus tres poderes, la Justicia.

Hoy, esos derechos se ven postergados en nuestra ciudad, por la necesidad política de una fuerza que ve cómo la Argentina está cambiando y mira con buenos ojos otras opciones de gobierno. La alternancia no es mala, refresca ideas y produce cambios pero parece que con la idea del kirchnerismo de perpetuarse, estamos todos condenados por no estar de acuerdo.