El tribunal supremo de Argentina ha aceptado examinar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, después de una solicitud presentada por el gobierno de la provincia de La Rioja. Sin embargo, a pesar de la petición explícita del demandante, la Corte se ha negado a abrir la feria judicial que tiene lugar en enero para dar inicio al procedimiento.

En las últimas horas, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó una "acción declarativa de certeza" en la que solicita al tribunal máximo que declare la "nulidad absoluta e insalvable" del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, alegando que este decreto ha causado "perjuicios irreparables" contrarios a las leyes federales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución misma.

La petición cuenta con el respaldo legal del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y el abogado constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, y representa el primer desafío directo al decreto de Milei, que fue publicado la semana pasada.

El texto de la presentación señala que "la cuestión ventilada asume gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de Argentina y, por ende, trasciende los márgenes del caso". Además, se solicita la habilitación de la feria judicial para el procesamiento de la causa principal, como se destaca en la demanda.

Además, se ha solicitado la emisión de una medida cautelar que suspenda la entrada en vigor del decreto en su totalidad hasta que se alcance una resolución definitiva.

En respuesta, la Corte Suprema ha remitido la documentación de la demanda a la Procuración General de la Nación para que determine la competencia del tribunal máximo en el conflicto y ha anticipado que "estudiará las cuestiones sometidas a decisión después del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero".