En un movimiento que ha generado controversia en la escena política y empresarial de Argentina, el presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca redefinir el papel de las empresas estatales en el país, con un enfoque especial en Aerolíneas Argentinas.

Una de las principales disposiciones del DNU es la posibilidad de ceder parcial o totalmente las acciones de las empresas estatales a sus empleados. Esta medida ha generado un debate acalorado, ya que plantea preguntas cruciales sobre la viabilidad financiera de las empresas en manos de sus trabajadores.

Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera del país, se encuentra en el centro de esta polémica. En el año 2023, la empresa recibió un financiamiento crucial de 6.000 millones de pesos del Estado Nacional. Esta cifra, que corresponde al presupuesto del año anterior, es esencial para el funcionamiento de la aerolínea, ya que sin ella, Aerolíneas Argentinas no podría llevar a cabo sus operaciones de manera adecuada.

El debate se intensifica al considerar que la administración anterior sostenía que Aerolíneas Argentinas no había utilizado fondos del Estado en 2023. Sin embargo, los datos revelan que la empresa depende en gran medida de esta financiación para mantenerse operativa.

Un aspecto clave del DNU es la denominada "cláusula antiboicot", que establece que si un solo empleado de Aerolíneas Argentinas acepta la cesión total de las acciones, esto podría resultar en la transferencia de la empresa del Estado a ese empleado. Esta disposición plantea la pregunta de si los empleados podrían hacer frente al déficit fiscal de la aerolínea una vez que asuman el control.

La situación se complica aún más al observar la relación entre la cantidad de empleados y la flota de aviones de la aerolínea. Aerolíneas Argentinas cuenta con 81 aviones y realiza 303 operaciones diarias, con un costo de despegue de alrededor de $2,000 por operación. En comparación con aerolíneas extranjeras, la proporción de empleados por avión es más alta, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia operativa.

El DNU de Milei no solo afecta a Aerolíneas Argentinas, sino que también tiene en la mira a otras 32 empresas estatales que han recibido un financiamiento significativo del Estado. Esto genera preocupaciones sobre cómo estas empresas podrán operar en el futuro sin el respaldo gubernamental.