Las declaraciones recientes de Alberto Fernández, poniendo en duda las cifras de pobreza proporcionadas por el INDEC, han desencadenado una serie de eventos judiciales. Valeria Laura Carreras, abogada vinculada al kirchnerismo, ha presentado una denuncia formal en los tribunales, acusando al presidente saliente de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La denuncia se centra en las afirmaciones de Fernández, quien expresó su escepticismo sobre la medición de la pobreza, cuestionando la metodología de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Carreras argumenta que estas declaraciones revelan un reconocimiento por parte del presidente de que el organismo público no realiza su trabajo con transparencia y veracidad.

En la denuncia, Carreras solicita una medida cautelar de impedimento de salida del país para Fernández, basándose en la información que sugiere que el mandatario saliente planea trasladarse a vivir a España junto con su familia. La abogada argumenta que, al haber expresado dudas sobre la medición de la pobreza y considerando su posible partida al extranjero, existe el riesgo de que Fernández eluda las responsabilidades legales.

Las críticas no solo se centran en las declaraciones de Fernández sobre la pobreza, sino también en su gestión durante el mandato. Carreras destaca que el presidente saliente no tomó medidas adecuadas para abordar las supuestas deficiencias en la medición de la pobreza durante su gobierno, a pesar de haber criticado al gobierno anterior por los mismos números.

Este episodio se suma a una serie de controversias que rodean el final del mandato de Alberto Fernández, incluyendo la demora en la llegada de las vacunas Pfizer a Argentina. Mientras la denuncia avanza en los tribunales, la atención se centra en el futuro del expresidente y en cómo estas acusaciones afectarán su legado político.