La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan en Estados Unidos, ha emitido un nuevo fallo en relación a la disputa entre Argentina y el fondo inglés Burford por la expropiación de YPF en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Si bien la jueza no ha determinado una cifra específica, ha adoptado el escenario más desfavorable para Argentina, que previamente había sido encontrada culpable de una expropiación incorrecta de la empresa petrolera. Esto implica que ha considerado que la compensación económica propuesta por la querella era adecuada. Burford, un estudio especializado en la compra de juicios, había estimado que la indemnización debería rondar los USD 16.000 millones, mientras que el Estado argentino había propuesto una cifra de USD 5.000 millones. Actualmente, la empresa tiene un valor de mercado de USD 11.800 millones.

Ahora, ambas partes deberán negociar sobre la base del límite establecido en el reclamo. Se espera que el fallo sea apelado por la Procuración del Tesoro, según han confirmado fuentes oficiales a Infobae. Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno, ha anunciado en Twitter que el Estado apelará inmediatamente el fallo de la jueza Preska y que el presidente Fernández ha analizado la cuestión con la Procuración del Tesoro. Además, ha asegurado que se seguirá defendiendo la soberanía energética y la empresa estatal YPF frente a los fondos buitres.

Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien ha seguido de cerca esta extensa causa que ya lleva ocho años en proceso en Estados Unidos, ha señalado que la jueza Preska ha optado por el peor escenario para Argentina, pero no ha determinado el monto exacto de la compensación.

Cabe recordar que Burford y Eton Park, los demandantes, sostienen que el 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina tomó el control de las acciones sujetas a expropiación. En ese día, se presentó un proyecto de ley ante el Congreso Nacional y se designó un interventor del Ejecutivo para reemplazar al directorio de YPF. Por su parte, el Estado argentino argumenta que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012, fecha en que la ley entró en vigencia.