Como ha dicho Adepa, pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución Nacional y desconoce los tratados internacionales. En efecto, tanto la solicitud de dicho informe por el juez Alejo Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión, constituyen peligrosos precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo.

La gravedad de la situación se ve profundizada por el contenido del insólito informe, en el que se pretenden establecer interacciones y motivaciones de diversos periodistas para vincularlos con operaciones de inteligencia ilegal, desconociendo el oficio del periodismo y sus herramientas más elementales. Las cuestionables especulaciones del informe, lanzadas sin ninguna autoridad profesional ni debido proceso, configuran un hecho lamentable del que no se recuerdan antecedentes en democracia.

La solicitud judicial ya había merecido un rotundo rechazo por parte de Adepa, por ser inconducente, no vinculante con una causa judicial y totalmente alejada de los objetivos centrales que tiene por ley la CPM, que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que integran Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, y el secretario coordinador Roberto Cipriano García.

En el informe, de 200 páginas, se menciona a los periodistas Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros. Y se llega a hablar de una "posible interacción de inteligencia ilegal con periodistas y medios". Sin embargo, el informe no incluye los descargos de los periodistas ni señala que en los chats del falso abogado Marcelo D''Alessio sólo se leen pedidos de información sobre causas judiciales en las que se investigan casos de corrupción en el Estado. Lo que no implica en absoluto "tareas de inteligencia".

En el caso del periodista Santoro, el informe considera que no sólo recibió sino que también envió "información sensible" al falso abogado. Santoro explicó que lo que envió es un informe de antecedentes comerciales -de carácter público- de un ex directivo de PDVSA para verificar quién era, porque el nombre estaba mal escrito".

Conocido el informe de la CPM, Adepa reitera su rechazo a esta clase de "auditorías" y expresa su alarma pública por el grave riesgo que esto conlleva para la libertad de prensa y el ejercicio profesional del periodismo de investigación.

En consonancia con ello, y considerando que la jurisprudencia identificada con los principios rectores de la República ha señalado en reiteradas ocasiones que sin una prensa vigorosa e independiente sólo puede existir una democracia puramente nominal, Adepa puntualiza que, fácil es advertir que lo está poniéndose en riesgo es el sistema mismo de gobierno consagrado por nuestra Constitución Nacional.