Juicio a Roberto Clavero: Polémica por presunto encubrimiento en caso de abuso sexual
Roberto Clavero, figura destacada en la política local, enfrenta acusaciones de abuso sexual a su hijastra, en un caso que ha conmocionado a la región.
El próximo lunes dará inicio en los tribunales de Villa Dolores el juicio oral contra Roberto Clavero, prominente dirigente político e institucional del valle de Traslasierra durante décadas. La acusación que pesa sobre él es la de abuso sexual agravado en perjuicio de su hijastra, un caso que ha generado gran atención y expectativa en la comunidad.
Clavero, de 65 años de edad, fue detenido en marzo de 2022 y ha permanecido bajo custodia en el penal de Villa Dolores desde entonces. Su exesposa, también implicada en el caso como presunta partícipe necesaria de los hechos, ha esperado el juicio en libertad bajo fianza.
La investigación que será sometida a juicio señala que los presuntos abusos habrían ocurrido a lo largo de varios años, desde que la víctima tenía tres años hasta los 19, abarcando así una amplia parte de su infancia y adolescencia. La denuncia inicial fue presentada en 2005 por el padre de la víctima, fallecido posteriormente, pero el caso permaneció estancado en la justicia durante años, generando críticas hacia el sistema judicial por presuntos encubrimientos.
El juicio, que contará con jurados populares, es uno de los más impactantes en Traslasierra en tiempos recientes, debido a la notoriedad del acusado y las implicaciones políticas e institucionales que conlleva. Clavero, además de su activa participación en la política local, presidía la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo) y era una figura influyente en el peronismo regional.
El caso ha generado un escándalo en la región, no solo por las acusaciones contra Clavero, sino también por las presuntas cadenas de encubrimiento institucional y político en su favor. La expectativa ante el desarrollo del juicio es alta, y aunque se llevará a cabo a puertas cerradas debido a la naturaleza del delito, es posible que la querella solicite que los alegatos sean públicos para garantizar la transparencia del proceso.