La Coalición Cívica (CC) ha presentado una denuncia penal contra Malena Galmarini, presidenta de AySA, y contra Mauricio Filiberti, propietario de Transclor SA. Según la denuncia, Filiberti es uno de los empresarios vinculados al candidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien es esposo de Galmarini.

Denuncia penal contra Malena Galmarini y Mauricio Filiberti por presuntas irregularidades en AySA

 La CC solicitó que se investigue una supuesta contratación plagada de irregularidades y acusó a los involucrados de los delitos de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario. La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por el auditor de la ciudad de Buenos Aires, Juan Calandri, la diputada nacional Mariana Zuvic y el legislador porteño Hernán Reyes, todos ellos dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió. 

Por sorteo, la denuncia recayó en el juez federal Sebastián Ramos. La denuncia también involucra a otras autoridades de AySA, como el gremialista José Luis Lingeri, quien representa el 10% de las acciones de la empresa asignadas a los extrabajadores de Obras Sanitarias de la Nación. La licitación cuestionada se encuentra en proceso de definición. Filiberti se presentó en junio de este año como el único oferente. En caso de ser adjudicada, recibirá más de 127 millones de dólares a cambio de operar, mantener y abastecer de policloruro de aluminio (PAC) una planta de AySA hasta 2028.

Según la Comisión de Competencia, se elaboró un pliego en beneficio de la empresa de Filiberti, lo que ocasionó pérdidas millonarias al Estado. "Malena Galmarini podría haber solicitado la prórroga del acuerdo marco vigente por dos años más, lo que habría mantenido el precio de provisión del PAC en una cifra significativamente inferior en dólares (entre 390 y 430 dólares la tonelada), permitiendo al Estado ahorrar entre un 15% y un 25% en dólares. Sin embargo, AySA anunció la firma de un nuevo contrato por el que se pagarían 504 dólares por tonelada. Galmarini se propuso asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, es decir, durante el mandato del próximo presidente", afirmó la Comisión de Competencia.

En AySA manifestaron no tener conocimiento de esta nueva denuncia, aunque señalaron que la Justicia ya está investigando esa licitación y que ellos entregaron el expediente completo a los tribunales, proporcionando toda la información requerida por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante esa causa.

 Afirmaron que la información proporcionada a la jueza demuestra que no hubo irregularidades. Los dirigentes del partido de Carrió también presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante; solicitaron la aplicación de sanciones y multas, así como la adopción de medidas procompetitivas. "Transclor S.A. incumple la Ley de Defensa de la Competencia debido a que permanece en una posición de dominio basada en tres factores principales: el acceso a insumos clave, la economía de escala y la integración vertical", afirmaron Calandri, Zuvic y Reyes.La empresa Transclor opera la planta de Bernal que pertenece a AySA y produce el PAC, insumo que le vende a la propia AySA, entre otros clientes. 

Según la Coalición Cívica, el otorgamiento de esta concesión ha sido manipulada y parcial, permitiendo a Transclor elaborar el insumo a un costo mucho más bajo que sus competidores, dado que lo produce en la planta que pertenece a AySA y que tiene bajo su control. Sin embargo, se lo vende a la propia AySA a un precio excesivo, sin descontar todos los beneficios que la empresa recibe. Los dirigentes de la Coalición Cívica han responsabilizado a Massa, sosteniendo que es el garante de la continuidad de un sistema de corrupción kirchnerista que vienen denunciando desde hace años, y de un sistema de capitalismo de amigos que busca profundizar. De acuerdo con la Coalición Cívica, para fijar el precio de la tonelada de PAC en 504 dólares, AySA contrató a una consultora, quien realizó un análisis de la composición del costo, de cuyo estudio “se desprenden elementos incoherentes, incompletos o sesgados” que habrían afectado el establecimiento del precio. La denuncia menciona más de una decena de inconsistencias, tales como subestimar cantidades en el costeo, parcialidad en el precio de los insumos, utilizar cotizaciones de precios de insumos cuando el precio está en el pico más alto o no calcular el gasto energético cubierto por AySA.

Un negocio de años

La relación comercial entre Transclor y el Estado argentino ha sido objeto de cuestionamientos que datan de al menos 15 años, según una denuncia presentada. Los denunciantes señalan que, si bien Transclor SA ha sido seleccionada en múltiples ocasiones como proveedora de AySA a través de licitaciones, su principal designación ha sido a través de Convenios y Acuerdos Marco, llegando a ser el proveedor exclusivo en la actualidad de PAC. Los denunciantes reprochan al Gobierno por no haber promovido una política que fomente un mayor número de oferentes, lo cual aseguraría una gestión más eficiente de los recursos, buscando así abaratar el costo del coagulante. Advierten que directivos de AySA han manifestado la necesidad de incentivar y facilitar la generación de nuevos proveedores, pero señalan que, en la práctica, la empresa estatal ha generado las condiciones para que Transclor SA sea el único proveedor. La denuncia también sostiene que las presuntas irregularidades contribuyen al aumento de las tarifas que abonan los usuarios. Según el texto, "El daño proporcionado por la conducta resulta en tarifas técnicas más elevadas que son abonadas directamente por los usuarios con la tarifa domiciliaria e indirectamente por la totalidad de los argentinos a través de los subsidios otorgados por el Estado Nacional".