Denunció a su papá y a su tío por abuso sexual, pero 10 años después sigue sin tener justicia

La vida de Ana Paula Curi en Santiago del Estero tuvo un giro 360° cuando en 2014 decidió contarle a su mamá, después de ocultar por años, el calvario que vivió desde chica producto de los abusos que sufrió por parte de su tío político, Pablo Nicolás González, y su papá, Raúl Alejandro Amadey, ambos en libertad tras pagar una fianza.

Durante 10 años la víctima, su familia y su abogada fueron protagonistas de un juego político que provocó que la causa se estanque en diversas oportunidades, no solo por el accionar de los acusados al presentar apelaciones, sino porque por el caso pasaron más de 10 jueces: Rosa Falco, Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra, Darío Alarcón, Miguel Moreno, Cecilia Vittar, Rodolfo Améstegui, Fernando Viaña y Pía Danielsen y Fernando Paradelo.

En el Caso Curi, como fue denominado en la provincia, Amadey está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y promoción y facilitación de la corrupción de menores agravado por el vínculo en concurso real de delitos.

Mientras que González por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción y facilitación de corrupción de menores agravado por la edad.

En mayo de este año la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santiago del Estero confirmó los procesamientos por unanimidad de González y Amadey, lo que se trató de un avance significativo, pese a que los camaristas concluyeron en que ambos iban a continuar el proceso en libertad, como se había impuesto en 2019 tras pagar una fianza de 500 y 600 mil pesos.

Aun así, ante el hartazgo de que la Justicia no escuche a la víctima, Ana Paula, su mamá y su abogada Carolina Vargas viajaron a Buenos Aires para lograr que el caso pueda romper barreras para lograr que, después de una década, haya justicia.

Noticias Argentinas dialogó con Moira Curi y su abogada. La víctima, que media hora antes se enteró que los abogados defensores presentaron una apelación contra los procesamientos, sufrió un pico de estrés por lo que no pudo estar presente.

Desde el barrio porteño de Palermo, ambas relataron el horror que sufrió Ana Paula, las constantes trabas por parte de la Justicia, la curiosa actitud de la familia paterna y la vinculación política en el caso.

Cómo Ana contó los abusos que sufrió

“Ella tenía muchos conflictos, más que nada con las compañeras, que siempre la atacaban. Me parecía muy extraño y por eso un día que ella iba a inglés dejó su notebook abierta y entro al Messenger. Así aleatoriamente elijo tres chats y había uno de una amiga en donde estaban discutiendo, pero no era una discusión de compañeras, si no que en un momento la chica le dice ‘callate, che violada por tu tío’”, comenzó el relato Moira Curi, mamá de la víctima y también abogada que se sumó a la querella de su hija.

“Mi primera reacción fue hablar con Raúl Amadey, porque si bien es cierto que me divorcié cuando Ana tenía un año y medio, siempre hemos tenido una muy buena relación de padres separados. Yo esperaba que la reacción lógica era que él venga corriendo ante semejante cosa. Sin embargo, no, él me dice ‘habla con ella, fíjate qué pasa’. Cuando Ana llegó le empiezo a preguntar y ella me dice ‘mi tío me pegaba’ a lo que le pregunto qué tío y me dice Pablo González”, explicó.

Ahí Ana comienza a contarle, pero sin tantos detalles, hasta que Moira le insistió y ahí su hija le contó el horror: “Me dice ‘bueno, lo que pasa es que él me tocaba. Cuando jugaba al Nintendo, él venía, se sentaba, me hacía que yo me siente arriba de él y me pasaba las manos por debajo de las axilas. También me alzaba de la cola y me besaba”.

Lo curioso es que desde un primer momento la Justicia hizo caso omiso a la denuncia y es que cuando Ana Paula y su mamá fueron a la fiscalía entregaron la computadora y el celular para que lo periten, pero meses después se robaron todo de la caja de seguridad del juzgado: “Ya no existe nada de eso, sin dudas encontraron pruebas, pero a diez años todavía el Ministerio Público Fiscal no nos dio una respuesta sobre qué pasó”.

Sin embargo, la historia se tornó aún más oscura cuando la víctima, tres años después de la denuncia contra González, logró hablar y también acusó a su papá por abuso sexual. Según explicó Ana Paula, no lo hizo en su momento porque pensó que Amadey la iba a ayudar.

“Creo que se sintió defraudada y ahí contó todo. Fue cuando me dijo que su papá para sus 15 años le iba a regalar un viaje a Disney pero que no aceptó porque ‘no iba a permitir que él la extorsione’”, sostuvo su mamá.

“Ella se acuerda cosas que pasaron entre sus cinco y seis años, incluso describe cómo estaba vestida y qué había hecho el padre. Pero lo más estremecedor fue cuando encontramos las carpetas que había del jardín de infantes donde descubrimos que los abusos eran desde los tres o cuatro años porque ella dibujó a su papá con sus partes íntimas al aire”, describió.

Con un poco de culpa, Moira razonó: “Durante los tres años en los que Ana solo denunció a su tío político yo no corté vínculos entre su padre y ella. Según supimos fueron en esos años cuando sucede el acceso carnal. Esa es la diferencia entre las dos imputaciones”.

Protección política

La familia que acompaña a Ana Paula ratifica que hay dos delitos que se siguen perpetrando por parte del Poder Judicial. Una es la violencia institucional “porque los abusadores siguen en libertad cuando la carátula no le permitiría a nadie en la Argentina estar en esa condición”, así como también que la revictimizan de forma constante.

Pese a no se dio a conocer como otras causas por acción de la política, se trata del segundo caso de la provincia que llega a la Corte Suprema de la Nación lo que permitió que se destrabe y la Cámara de Apelaciones les otorgue el procesamiento a los dos acusados.

Ante este escenario de temor que viven a diario, la abogada explicó por qué ambos no están detenidos: “Hoy ellos están en libertad porque el juez Darío Alejandro Alarcón, que se había apartado de la causa por violencia moral irresistible la cual le impedía volver al caso, aceptó la eximición de prisión y los liberó con el pago de una fianza, la cual fue abonada por la familia de Amadey”.

“No es cualquier juez. Forma parte de la Federación Argentina de Magistrados, también es parte del cuerpo directivo del Club Central Córdoba, tesorero de la Federación Argentina de Magistrados y es el único del grupo de jueces que no fue detenido en una causa en la que él también está señalado”, explicó Vargas.

Asimismo, la querellante remarcó que la causa tuvo varios jueces porque muchos decidieron apartarse frente a la grave acusación en contra de González y Amadey: “Muchos nos decían ‘me corro porque es como tener un pan caliente en la mano’”.

Otra de las razones por las que ambos se encuentran en libertad es por la protección por parte de un político importante de la provincia: Amadey es sobrino director de Amado Tomás “Bochi” Chamorro, quinto mandato a intendente de la localidad de Campo Gallo, departamento Alberti.

A su vez, Chamorro también fue diputado nacional y actualmente forma parte del consejo directivo del PJ en Santiago del Estero.

“En esta causa está en juego la política, sino ya estarían presos y se les conocería hasta el ADN. Acá hay protección mediática”, manifestó la abogada.

Otra de las controversias de la causa es que la camarista Sandra Del Valle Generoso, ex esposa de Chamorro, actualmente “sigue en su cargo y protegiendo a los dos procesados”.

“Pasó de ser diputada a camarista sin pliego ni concurso. Sin dudarlo, eso permite que desde adentro maneje a los jueces o bien ejerza incidencia”, subrayó la querellante.

Con respecto a los acusados y su rol de defensa, Moira Curi sostuvo: “Nunca hablaron, solo en la declaración indagatoria donde manifestaron que querían declarar y pidieron que sean peritados para mostrar su inocencia, pero casi seis meses después, cuando se aprobó todo, ninguno se presentó”, expuso Moira.

En una de las audiencias de este último año uno de los abogados de los acusados manifestó frente a los camaristas que “Santiago del Estero es un feudo, que la causa había llegado a esta instancia porque nosotras teníamos una relación con el fiscal general, pero lejos de beneficiarnos nos perjudicaron porque pasaron 10 años”.

“Este grave acto acusatorio fue denunciado, pero desde el Ministerio Público Fiscal siguen sin darnos respuesta. Le mando mensajes al fiscal y no me contesta”, exclamó Vargas.