En tanto la oposición rechazó los argumentos del oficialismo, confirmó que insistirá con el pedido de enjuiciamiento de Boudou e incluso advirtió que va a "demandar penalmente" a los legisladores firmantes del informe.

En la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, realizada en el anexo del Congreso durante tres horas, su presidenta, la kirchnerista Adela Segarra se sirvió de un artículo del reglamento para dar el informe del oficialismo y rechazar "in limine los pedidos de juicio político" planteados contra el vicepresidente.

Entre los argumentos, el oficialismo sostuvo que los pedidos "se basan en supuestos hechos y actos que aún tramitan en sede judicial" y "no se acreditan los extremos objetivos requeridos por la Constitución" para el procedimiento.

Incluso en un tramo del informe, Segarra destacó que avanzar en cualquiera de los proyectos "resulta a todas luces violatorio del principio de división de poderes" y resaltó que podría "instalar una presión al magistrado lesionando su independencia e imparcialidad".

Asimismo, el oficialismo, que ostenta la mayoría en la comisión, trató de justificar su decisión al calificar al intento de la oposición como un "intento corporativo de desestabilización política".

Tras la lectura del informe, el kirchnerismo pasó rápido a su votación amparándose en el artículo noveno del reglamento que le permite someter ese análisis a consideración del plenario y así archivó los proyectos llevados por la oposición.

Desde la oposición, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, sostuvo que "el oficialismo comete un grave error. Actuó con torpeza. Fue tanta la desesperación al tratar de cerrar el tema que al rechazar in limine los pedidos de juicio político no hubo juicio", dijo a DyN, para luego agregar que "mañana mismo se pueden volver a presentar otros juicios políticos porque no hubo juicio".

Ni en el informe, ni en las exposiciones de los legisladores del oficialismo durante el debate hubo una defensa concreta al vicepresidente y la estrategia oficial se limitó a establecer que "no hay motivos" para investigar a Boudou.

En medio de un clima de tensión permanente, Elisa Carrió (Coalición Cívica) anunció que presentará "una denuncia penal" contra los diputados que rechacen los pedidos de juicio político contra el vicepresidente, ya que a su entender esa actitud "los convierte en encubridores".

"En el dictamen de UNEN también se lo acusa a Boudou de atentado al orden democrático, para quien a través del grave delito doloso lo llevase al enriquecimiento personal", agregó.

La ultrakirchnerista Diana Conti salió al cruce de Carrió al quejarse por sus "amenazas permanentes" y apuntó que "ni esa diputada, ni esos medios, ni los diputados de oposición, han dicho que el juez (Ariel) Lijo al analizar la causa Ciccone no ha descubierto complicidad ni encubrimiento alguno".

Por el massismo, Adrián Pérez confirmó que desde el Frente Renovador va a presentar un pedido de juicio político y anticipó que va a "pedir al Senado la suspensión de Boudou como medida cautelar".

En su exposición, la diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer advirtió a sus pares oficialistas que "puede no importarles tener un vicepresidente procesado por corrupción, pero creo que en poco tiempo el riesgo es tener un vicepresidente preso por corrupción".

Desde el macrismo, Laura Alonso acusó al kirchnerismo de "violencia, autoritarismo y falta de respeto con los diputados y con la sociedad", tras rechazar los pedidos de juicio político y aseguró que "el oficialismo demuestra que Boudou es culpable" porque "no le permitió defenderse".

Mientras que Pablo Tonelli, también del PRO, apuntó al oficialismo que "no hay violación a la división de poderes y al régimen republicano" y aventuró que "se van a seguir acumulando las causa por mal desempeño del vicepresidente".

DyN