El Gobierno nacional, mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la dirección de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, ha implementado una importante reducción en los contratos de alquiler de oficinas públicas. Esta medida busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos públicos y se enmarca dentro de una política de optimización.

Se ha procedido a cancelar 71 contratos de alquiler en diversas ubicaciones del país, generando un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220. Esta acción contribuye significativamente a la reducción del gasto público. El proceso de racionalización y la implementación de nuevos controles han permitido una mejor utilización de los espacios existentes y una optimización de los recursos del Estado.

Entre los contratos de alquiler eliminados se encuentran 23 en la provincia de Buenos Aires y 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de contratos en provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Las oficinas que fueron dadas de baja albergaban a más de 3.500 empleados de organismos como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, Anses, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina, ENACOM, entre otros.

En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron reubicados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional. Además, el Gobierno prevé seguir con esta política de optimización y planea la baja de 106 contratos de alquiler adicionales en el futuro próximo, conforme a los lineamientos del director Nicolás Pakgojz.