En una reciente sesión de la Cámara de Diputados, se discutieron proyectos de financiamiento para las universidades y se introdujo un debate sobre el retorno del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Sin embargo, el presidente Javier Milei ya ha anunciado que vetará cualquier intento de reinstaurar el Fonid, defendiendo la necesidad de mantener el superávit fiscal. Este rechazo se enfrenta a la visión de la oposición, que argumenta que la educación y el superávit fiscal son mutuamente excluyentes, cuando en realidad pueden ir de la mano.

El Fonid, según el autor, es una herramienta ineficaz y contraproducente para el financiamiento educativo. Este fondo, que representaba solo el 7% del salario docente y se pagaba en forma de asignación no remunerativa, no incentivaba a los maestros ni mejoraba la calidad educativa. Además, los maestros son empleados públicos provinciales, y no nacionales, por lo que esta intervención del Estado nacional resulta inapropiada.

La situación actual de la educación en Argentina

Las estadísticas reflejan una realidad alarmante: el 70% de los chicos pobres que terminan la primaria no dominan habilidades básicas como leer, escribir, sumar y restar. Las pruebas internacionales PISA también muestran que el 43% de los jóvenes de 15 años en Argentina no tienen competencias adecuadas en lectura y matemáticas, cifras que son notablemente mejores en países vecinos como Chile y Uruguay.

En lugar de enfocarse en recuperar el Fonid, se debe centrar en recuperar la calidad educativa que una vez fue el orgullo de Argentina. Para ello, es crucial eliminar el Fonid y otros programas nacionales que implican transferencias a las provincias, y permitir que las provincias asuman plena responsabilidad por la financiación y gestión de la educación básica. Esto incluiría el pago de salarios docentes, el mantenimiento de escuelas y la compra de materiales educativos.

La gestión provincial como solución

Una objeción común es que las provincias no tienen los recursos necesarios para financiar completamente la educación básica. Sin embargo, los datos del Ministerio de Educación indican que hay 8,4 millones de alumnos en 34.000 escuelas públicas, lo que equivale a un promedio de 250 alumnos por escuela. Con 12 niveles de educación básica, esto sugiere que las provincias están asignando recursos para tener aulas con 20 alumnos, aunque la realidad es que los docentes están mal pagos y los resultados educativos son deficientes.

En términos de personal, hay 600.000 cargos docentes al frente de alumnos, lo que implica un promedio de 14 alumnos por docente. Con una gestión más eficiente, las provincias podrían tener aulas con 28 alumnos y docentes mejor remunerados, lo que resultaría en ahorros fiscales significativos y una mejora en la calidad educativa.

El rol del Estado nacional

El papel del Estado nacional debería ser el de presidir el Consejo Federal de Educación, convocar a las provincias para consensuar objetivos educativos medibles, y medir los resultados educativos. También debe comunicar enfáticamente a la sociedad los resultados educativos de las provincias, incentivando a los ciudadanos a exigir mejores resultados de sus gobernadores e intendentes.