El Gobierno de Milei y la Controversia sobre los Planes Potenciar Trabajo
En medio de un clima de reformas y auditorías, el gobierno de Javier Milei se enfrenta a decisiones críticas sobre los planes sociales y la estructura del Estado.
El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha lanzado un desafío audaz a los legisladores, instándolos a elegir entre "el cambio o seguir obstruyendo". Esta declaración, emitida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, resuena como un llamado a la acción en un contexto de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente.
El mensaje del Gobierno es claro y contundente: se busca liberar a los argentinos "del peso del Estado que tanto daño ha hecho", enfatizando la necesidad de un cambio radical para poner fin a lo que describen como "100 años de decadencia". La actual administración apunta a una división en la sociedad entre aquellos que desean una Argentina diferente y los que prefieren mantener el statu quo.
En el centro de esta polémica se encuentra la auditoría de los planes Potenciar Trabajo, iniciada con el objetivo de detectar anomalías y asignaciones injustificadas. Las irregularidades descubiertas son significativas, incluyendo más de 8000 personas que, a pesar de tener vínculos laborales con el Estado, recibieron beneficios, y 160.000 beneficiarios con gastos incoherentes con el perfil esperado, como viajes al exterior. Esta situación representa un gasto estatal de aproximadamente 10.000 millones de pesos mensuales, bajo investigación del fiscal Guillermo Marijuan.
A pesar de la alta inflación, se ha decidido congelar los montos de los planes Potenciar Trabajo, aunque se anticipan mecanismos de aumento en respuesta a la auditoría. Esta medida contrasta con incrementos del 50% en la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, destacando la prioridad del Gobierno hacia los más vulnerables.
El gobierno también ha emitido un decreto que busca reducir el tamaño del Estado, determinando que los contratos de empleados públicos que terminen el 31 de diciembre de 2023 no serán renovados. Esta medida excluye a ciertos grupos protegidos por leyes especiales, incluyendo personas trans y con discapacidad.
Además, se planea reformar la política de subsidios, pasando de subsidios a la oferta a subsidios basados en la demanda. Esta iniciativa ha generado tensiones, especialmente en el sector del transporte, donde empresarios del AMBA demandan un aumento de subsidios o un ajuste tarifario, frente a la decisión gubernamental de reducir estos apoyos.