En una decisión que ha generado controversia y debate, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, declaró que aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen en cortes de calles perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano y sus respectivos planes sociales​​. Esta medida llega justo antes de la movilización de la Unidad Piquetera en Buenos Aires, planteando un desafío significativo para la gestión libertaria de la administración actual. La ministra Pettovello se alinea con las declaraciones previas del presidente Javier Milei, quien en el día de su asunción ya había sentenciado: "El que corta no cobra"​​​​.

Más allá de la eliminación de los planes para quienes corten calles, el Gobierno también anunció una auditoría a todas las organizaciones que distribuyen planes sociales, iniciando así un proceso para eliminar la intermediación y los certificados de presencialidad que estas organizaciones entregan. Este cambio tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios de los planes no sean obligados a participar en manifestaciones bajo la amenaza de perder sus beneficios​​.

Paralelamente, el miércoles se realizará una movilización en Plaza de Mayo por parte de las organizaciones de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera. Esta movilización responde a anuncios recientes del ministro de Economía, Luis Caputo, y desafía las nuevas políticas del Gobierno. La preocupación del Gobierno no solo se centra en los cortes de calles, sino también en la seguridad y el bienestar de los participantes, especialmente de las madres y niños que asisten a las marchas​​.

Además, se ha anunciado un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para prevenir bloqueos en la vía pública. Este protocolo será puesto a prueba durante la protesta, que incluirá concentraciones tanto en el Congreso como en la Plaza de Mayo. Se espera una coordinación entre los equipos de la Ciudad, dirigidos por Jorge Macri, y los efectivos bajo la dirección de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para soportar las acciones de la Policía porteña​​.

Estas medidas representan un punto de inflexión en la política social y de seguridad en Argentina, poniendo en evidencia el delicado equilibrio entre el derecho a manifestarse y la necesidad de mantener el orden público. La respuesta de las organizaciones piqueteras y la reacción social a estas políticas marcarán el rumbo de los próximos pasos del Gobierno en su manejo de las tensiones sociales y políticas en el país.