La Justicia de Estados Unidos emitió otro fallo en contra de Argentina, esta vez en relación a la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en 2008. El tribunal estadounidense autorizó la ejecución de una deuda de 340 millones de dólares, derivada de un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Esta decisión beneficia a la empresa Titan Consortium, que adquirió los derechos de litigio por la expropiación de Aerolíneas de Burford Capital, la misma empresa involucrada en el litigio contra Argentina en el caso YPF, en el cual el país enfrenta un fallo adverso por más de 16 mil millones de dólares.

En el caso de Aerolíneas, Titan presentó una demanda para ejecutar el laudo arbitral del CIADI de 2019. Esto podría desencadenar un proceso de "discovery" para identificar activos argentinos que puedan ser embargados. Aunque el CIADI no tiene la autoridad para hacer cumplir sus fallos, si no se llega a un acuerdo entre el Estado y la empresa, se abre la vía judicial. Se espera que Argentina apele la decisión del tribunal.

Los abogados de Argentina intentaron desestimar la demanda de Titan argumentando que los plazos legales habían caducado, sosteniendo que la acción se extinguía a los tres años del laudo según la ley de arbitraje de Washington. Sin embargo, los demandantes afirmaron que estaban dentro del plazo de 12 años que Columbia permite para la ejecución de sentencias. El tribunal de Columbia dio la razón a los demandantes, estableciendo que el plazo de prescripción es de 12 años, y por lo tanto, la demanda de Titan es válida. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, que sigue de cerca las demandas contra Argentina en el exterior, compartió este fallo en sus redes sociales.

Este es un nuevo revés judicial para Argentina en tribunales de Estados Unidos. Según informaron a TN, Argentina enfrenta varios juicios en el exterior, centrados en tres principales reclamos: el default de la deuda en 2001, la manipulación de estadísticas del INDEC para evitar el pago del Cupón PBI, y la expropiación de YPF. Maril estima que estos fallos representan un pasivo de 28 mil millones de dólares para Argentina, que eventualmente deberá afrontar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comentó el viernes que "la sentencia no está firme y avanzaremos en todas las instancias judiciales. No haremos comentarios hasta que se agoten todas las instancias".

En las próximas semanas, se esperan más decisiones judiciales que involucren a Argentina. La jueza Loretta Preska podría emitir resoluciones sobre los pedidos de embargo relacionados con la expropiación de YPF. Además, se espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decida sobre el embargo de activos del Estado en favor de Attestor Master, que fue autorizado en primera instancia en 2022 y por el cual Argentina enfrenta una condena de 415 millones de dólares. La Corte del Distrito Sur de Nueva York también debe decidir sobre la transferencia de las acciones de YPF en manos del Estado, como parte de las solicitudes de los beneficiarios del fallo que condenó a Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera, debido a las dificultades que han enfrentado para cobrar.