La reforma de la Ley de Alquileres aprobada por la Cámara de Diputados de Argentina ha generado diversas opiniones y polémica. La ley establece que los contratos de alquiler de viviendas se mantendrán por un período mínimo de tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de anual como era anteriormente.

La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos, dos diputados del Interbloque Federal, uno de Juntos por Río Negro y cuatro diputados de izquierda, mientras que fue rechazada por los libertarios, Juntos por el Cambio y algunos legisladores provinciales.

El objetivo de la reforma es brindar mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, evitando los constantes aumentos de alquileres y facilitando la planificación financiera. Además, se establece un mecanismo de actualización basado en el Coeficiente Casa-Propia, que toma en cuenta la variación salarial y la inflación.

Sin embargo, la oposición ha cuestionado algunos aspectos de la reforma. Por ejemplo, se argumenta que si la inflación baja, los inquilinos estarán pagando más de lo que correspondería. Además, se plantea la preocupación de que la reforma pueda generar un mercado de alquileres más restringido, ya que los propietarios podrían optar por no alquilar sus propiedades debido a las limitaciones impuestas por la ley.

La reforma también incluye otros cambios, como la exención del pago del monotributo para los ingresos provenientes de hasta dos inmuebles en alquiler, y la posibilidad de deducir un porcentaje del contrato de alquiler del Impuesto a las Ganancias.

La ley ahora debe ser oficializada en el Boletín Oficial para que entre en vigencia formalmente. Hasta entonces, los contratos de alquiler seguirán siendo de tres años y se ajustarán anualmente según el Índice de Contratos de Locación.