El Gobierno argentino anunció hoy el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de ley con el propósito de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico. Entre las iniciativas presentadas se destaca la llamada "Ley Antimafia", que busca penalizar de manera más severa a quienes formen parte de organizaciones criminales.

Según explicaron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el objetivo principal de estas modificaciones legales es dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, así como para proteger a la sociedad.

Uno de los puntos más destacados es la modificación de la "Ley de Seguridad Interior", que permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, incluyendo operaciones de patrullaje y control, con el fin de devolver la tranquilidad a la ciudadanía, particularmente en áreas afectadas por la delincuencia.

Entre los principales aspectos abordados durante la conferencia se encuentran:

  • Ley Antimafia: Esta ley implica penas más severas para aquellos involucrados en organizaciones criminales, estableciendo que la pena por el delito más grave se aplicará a todos los miembros de la organización.
  • Reformas a la Ley de Seguridad Interior: Se propone permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de amenaza a los intereses vitales del país, con operaciones de patrullaje, control y aprehensión en flagrancia.
  • Registro de ADN ampliado: Se busca ampliar el registro de ADN a todos los delitos, especialmente los sexuales, con el objetivo de mejorar la identificación de los delincuentes.
  • Ley de Orden Público: Incluye medidas como penalidades para la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad.

Estas propuestas legislativas han generado un amplio debate en la sociedad argentina, y se espera que sean discutidas en el Congreso con el fin de brindar mayor seguridad y protección a la población.