El informe, elevado al juez federal Adolfo Ziulu (subrogante del Juzgado Electoral con competencia en Buenos Aires), sostiene que "no resulta posible aconsejar la aprobación del informe final hasta tanto sean subsanadas las observaciones", entre las que se cuentan la incorporación de aportantes apócrifos y la utilización de fondos de empresas, a través del uso del nombre de empleados y directivos.

Entre las observaciones, los peritos indicaron que se confirmó legalmente que más de un centenar de aportantes a la campaña del oficialismo son beneficiarios de planes sociales. En ese marco, el informe sostiene que "tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política".

De este modo, la pericia de la Cámara Electoral le dio la razón a la investigación realizada por el sitio web El Destape, que reveló la existencia de cientos de personas humildes, beneficiarios de planes sociales, figuraban como aportantes de Cambiemos para las elecciones de 2017, pese a que ellos negaban haber pagado.

El informe pericial se refiere puntualmente a la rendición de cuentas de la campaña de Diputados nacionales de Cambiemos en las PASO del año pasado. Además de advertir sobre los aportes de personas humildes, también sostiene que hubo aportes de empresas "enmascarados" a través de la incorporación al listado de parte del personal y la plata directiva de las mismas.

"Existen casos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí en la misma entidad, situación que permite inferir con cierto grado de certeza que se trata que se trata de aportes indirectos efectuados por las empresas o entidades, prohibidos por la legislación vigente", dice el informe del perito oficial.

Los aportes que están en la mira van de los $ 5.000 hasta los $ 135.000, y por lo general los empleados de la misma firma repiten el monto, mientras que los directivos aportan sumas más generosas.

Entre las empresas cuestionadas aparecen Autopistas Urbanas, Petrolera El Trébol, Murata S.A., Marítima Heinlein y Sinteplast. (DIB)