"La liberación de la víctima, los videos que documentaban el inicio del acontecimiento, las negociaciones y todo ese tipo de contingencias llegaron tarde a la administración de justicia", explicó el fiscal, quien reconoció no obstante que "esto en sí mismo no es un problema".

"Los medios se nutren de información relacionada con los asuntos públicos y la comunican. Perfecto. Es parte del juego de la democracia. Es más, en algunos casos, como en los hechos de corrupción, van más allá y no solo extraen sino que alimentan al sistema judicial. Fantástico", reflexionó.

Pero advirtió que "en ciertos sucesos la cosa se vuelve difusa, porque hacer públicos los detalles de un secuestro en progreso pone en riesgo la vida de la víctima y mostrar materiales que no deberían conocer los imputados antes de estar sometidos a proceso puede frustrar la pesquisa".

Delgado aclaró que su planteo "no apunta a un acto de censura, tampoco constituye un pedido a las empresas privadas que ejercen la libertad de prensa, sino que se dirige hacia la esfera del Estado" desde las cuales surgen las filtraciones que ponen en riesgo la vida de las víctimas.

"A lo mejor, y esta es la sugerencia, es tiempo de pensar en un protocolo", resumió.