Los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, que intervienen en la investigación de casos de terrorismo de Estado en Tucumán, reclamaron a la Cámara Federal de Casación Penal que revise la decisión de la Cámara Federal tucumana de no convocar a la viuda del ex presidente Juan Domingo Perón -a quien sucedió en el cargo tras su muerte- y a tres militares.

Es la causa que investiga el "Operativo Independencia", una experiencia localizada en Tucumán del terrorismo de Estado previa al golpe militar de 1976, donde, según la acusación, se cometieron delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas.

A "Isabel" la consideran presunta responsable del decreto 261/75, conocido como de "aniquilamiento de la subversión" por haber ordenado a las Fuerzas Armadas avanzar en aspectos de seguridad interna, en el marco de una disposición que -según los fiscales- resultó "crucial para el desarrollo del plan militar".

Martínez de Perón ya fue imputada en la causa por la "Triple A" e incluso el juez federal Norberto Oyarbide había pedido su detención a España, país donde la ex jefa de Estado vive, pero la Justicia ibérica rechazó el pedido por considerar que esos crímenes no fueron de lesa humanidad.

El juez federal de San Rafael (Mendoza) Raúl Acosta también había solicitado la captura de la ex presidenta por la desaparición de un joven previa al golpe de Estado, pero el reclamo había sido igualmente rechazado.

Ahora, dos fiscales reclamaron a la Cámara de Casación la indagatoria de la viuda de Perón por entender que la negativa a interrogarla vedaba "toda posibilidad de continuar con la investigación sobre la ex mandataria".

"La decisión de impedir el ejercicio de la acción penal pública negando el acto más incipiente del proceso (la indagatoria) implica el sobreseimiento ficto de la encartada Martínez de Perón cuya sujeción al proceso en el futuro deviene de imposible realización por tal acto jurisdiccional", subrayaron Camuña y Rovira ante Casación, de acuerdo al dictamen que se publicó en la página web de la Procuración General, la jefatura de los fiscales.

Tanto el juez federal de Tucumán Daniel Bejas como la Cámara Federal de esa provincia coincidieron en el criterio de que los militares no habían contado con la "aquiescencia" -una condición para evaluar la responsabilidad- del gobierno de Martínez de Perón y que el "Operativo Independencia" fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar a la jefa de Estado.

En su momento, tanto Bejas como los camaristas Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Waya sostuvieron que "de haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar".

Además, tanto el juez como el tribunal de alzada cuestionaron a la Fiscalía por no haber imputado, con el mismo criterio, a otros funcionarios de gobierno.

Pero los fiscales Camuña y Rovira insistieron en Casación en el valor del decreto que dio "comienzo formal al ''Operativo Independencia''" y remarcaron "sobre todo la falta de control posterior sobre el desarrollo de las operaciones militares".

"Es decir -se añadió- la defraudación del rol de garante que la encartada debía cumplir conforme su cargo y función a la cabeza de la estructura del estado nacional, impidiendo hechos delictivos cometidos de manera masiva a partir de la presunta autorización implicada en el decreto 261/75, así como el conocimiento de los hechos delictivos que efectivamente tuvo e ignoró de manera relevante", señalaron los representantes del Ministerio Público.

DyN