El 7 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto conocido como Ficha Limpia, que busca prohibir la candidatura de personas condenadas por delitos de corrupción. Esta propuesta, que está siendo analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, surge en un contexto de desconfianza hacia la clase política.

Según una encuesta de DC Consultores, la corrupción es vista como el problema más crítico en Argentina, y 3 de cada 4 argentinos creen que los políticos están implicados en corrupción y enriquecimiento ilícito. El estudio del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21 revela que solo 1 de cada 10 ciudadanos confía en las instituciones gubernamentales, mientras que 8 de cada 10 tienen una percepción negativa de los políticos.

El proyecto de Ficha Limpia ha recibido apoyo de La Libertad Avanza, PRO, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, aunque enfrenta la oposición de Unión por la Patria, que argumenta que la medida busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de las críticas, el respaldo general sugiere una alta probabilidad de aprobación.

El debate se centra en dos puntos principales:

  1. ¿Debería ser suficiente una condena de primera instancia para inhabilitar a un candidato, o se debe esperar una segunda instancia, posterior a la apelación?
  2. ¿Qué delitos deberían resultar en la inhabilitación para cargos públicos?

Durante las discusiones, varios especialistas han presentado sus posturas. Alejandra Lazzaro, exsecretaria de la Cámara Nacional Electoral, argumenta que la medida es constitucional al ser una inhabilitación temporal y no permanente. José Pérez Corti propone incluir una renuncia para los funcionarios públicos que deseen postularse, mientras que Antonio Hernández se opone a la necesidad de una sentencia firme por considerar que esto podría garantizar la impunidad.

El presidente Javier Milei había anunciado este proyecto como parte de su paquete de leyes "anticasta" durante la apertura de sesiones, destacando que los exfuncionarios con condenas firmes perderían beneficios. La iniciativa tiene una fuerte resonancia en la ciudadanía, que se siente frustrada con la corrupción y las élites políticas.

El proyecto de Ficha Limpia ya está en vigor en provincias como Chubut, Mendoza, Salta y Santa Fe, y en países como Brasil, Chile, Uruguay, México y Honduras. En Argentina, intentos anteriores de aprobarlo bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández fracasaron por falta de quórum. Sin embargo, este tercer intento parece tener más posibilidades de éxito, representando una posible victoria significativa para el oficialismo en las próximas elecciones legislativas.