El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 marca un hito en la política de jubilaciones al modificar la fórmula de movilidad, estableciendo que los haberes se ajustarán por inflación a partir de julio de 2024. Sin embargo, la transición hacia este nuevo esquema no está exenta de controversia y preocupación, especialmente para ciertos segmentos de pensionados.

El cambio en la fórmula implica ajustes para los meses previos a la implementación total. En abril, se otorgará un incremento extraordinario del 12,5% a los jubilados, mientras que en mayo y junio se concederán adelantos de la movilidad correspondiente a esos meses, calculados según la pauta establecida en la ley vigente. Estos adelantos buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores durante la transición hacia el nuevo sistema.

Sin embargo, hay aspectos del decreto que generan incertidumbre y críticas. Por un lado, se destaca que el aumento no alcanzará a todos los beneficiarios, ya que algunas prestaciones no contributivas quedarán excluidas. Además, se plantea la preocupación por el impacto del ajuste en el bono de $70.000, que podría verse reducido conforme aumenten los haberes mínimos.

El abogado Ariel Samana, especialista en temas de adultos mayores, destaca la confusión generada por el DNU y subraya que los adelantos no representan un gasto adicional para el gobierno, sino más bien un ajuste en el calendario de pagos ya previsto.

La fórmula actual se mantendrá en vigor hasta junio, con ajustes adicionales por inflación para compensar la transición. A partir de julio, los haberes se actualizarán según la nueva fórmula, que busca preservar el poder adquisitivo de los jubilados y evitar que continúen perdiendo frente a la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justifica el DNU argumentando la necesidad de proteger el estándar de vida de los adultos mayores frente a la crisis económica. Sin embargo, las críticas y debates sobre la movilidad jubilatoria continúan, destacando la importancia de encontrar soluciones equitativas y sostenibles para garantizar el bienestar de los pensionados en el futuro.