Con el regreso de las actividades legislativas después del receso invernal, el Congreso Nacional se prepara para un semestre cargado de debates y proyectos importantes. Entre los temas que dominarán la agenda están el Presupuesto 2025, la designación y ampliación de la Corte Suprema, reformas en el sistema electoral, jubilatorio y laboral, además de propuestas de reforma en la legislación penal y de seguridad.

El oficialismo, junto con la oposición dialoguista, está enfocado en varias iniciativas clave. La Libertad Avanza y el PRO buscarán priorizar el tratamiento de proyectos que afectan directamente la seguridad, entre ellos, la Ley Antimafia y la reforma del Régimen Penal Juvenil.

Ley Antimafia El proyecto de Ley Antimafia se considera uno de los puntos centrales de la agenda de seguridad. Este proyecto, diseñado en colaboración con la ministra Patricia Bullrich, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el ministro de Defensa Luis Petri, propone una reforma integral del Código Penal. La nueva ley busca penalizar a todos los miembros de bandas delictivas de manera uniforme, independientemente de su grado de participación en los delitos. Las penas para delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, y otros delitos graves, se establecerán en un rango de 8 a 20 años de prisión.

La discusión del proyecto se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, presididas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y José Núñez (PRO-Santa Fe). Se espera que la colaboración de diputados de la UCR, Hacemos, e Innovación, impulse la firma del despacho necesario para avanzar en su tratamiento legislativo.

Baja de imputabilidad Otro aspecto crucial es la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto busca establecer un nuevo régimen para adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos. Aunque se introduce esta baja en la edad, el nuevo régimen no permitirá penas de reclusión perpetua ni de prisión perpetua, limitando el máximo de las penas privativas de la libertad a 20 años.

El tratamiento de esta reforma se abrirá el miércoles próximo a las 12.30 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, y Presupuesto y Hacienda.