Luego del rechazo mayoritario del Senado, Manuel José García-Mansilla presentará en breve su renuncia como juez de la Corte Suprema, cargo al que accedió por un decreto de Javier Milei. La decisión habría sido tomada durante el fin de semana. Técnicamente, la dimisión debe ser dirigida al Poder Ejecutivo, que intenta retenerlo en el cargo, y no a la Corte. Hasta la mañana del lunes, el juez no se había presentado en su despacho. Paralelamente, el Gobierno interpuso un per saltum ante la Corte para revertir la cautelar de Ramos Padilla que le impide firmar fallos.

Con solo 39 días como juez, García-Mansilla había sido designado por Milei el 25 de febrero en comisión, y juró dos días después. La negativa del Senado —51 votos en contra y 20 a favor— hace su salida casi inevitable. De concretarse, la Corte volverá a tener tres miembros, ya que también fue rechazado el pliego de Ariel Lijo.

El académico de 53 años había sido cuestionado por sectores políticos y legales por no contar con el aval de dos tercios del Senado, requisito del artículo 99 de la Constitución. Tras la negativa, las presiones aumentaron y Ramos Padilla dictó una cautelar para que se abstenga de intervenir en causas judiciales, dado que fue nombrado por decreto. Desde su asunción, firmó 215 fallos.

La medida fue en respuesta a una presentación de Jorge Rizzo y Andrés Gil Domínguez, que alegaron afectación de la independencia judicial. Ramos Padilla sostuvo que sin el respaldo del Senado, el nombramiento carece de validez, ya que no puede ser reemplazado por una decisión del Ejecutivo. Senadores como Lousteau y Fernández Sagasti calificaron la designación como un atropello institucional.

A pesar de esto, el Gobierno pidió a la Corte que le permita continuar firmando fallos. Guillermo Francos declaró que la Constitución no exige su renuncia en estas circunstancias, mientras que Lorenzetti dijo que él no hubiera aceptado asumir por decreto.

García-Mansilla defendió su designación argumentando que sólo puede ser removido por juicio político. Sin embargo, en 2023 había afirmado ante el Senado que no aceptaría una nominación en comisión por respeto al impacto institucional de ese tipo de decisiones, incluso si eran legales.