Está en marcha el paro de docentes universitarios en protesta por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento
Es sin asistencia a los lugares de trabajo y se unieron los gremios no docentes. La próxima semana realizarán “actividades de visibilización”. Aumentan las tomas de facultades, rectorados y colegios preuniversitarios.
Los gremios docentes y no docentes realizan un paro este jueves en las universidades públicas de todo el país, rechazando el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que la Cámara de Diputados ratificó. No habrá asistencia a los lugares de trabajo.
La próxima semana se llevarán a cabo “actividades de visibilización” como clases públicas, vigilias y cortes de calles y rutas, mientras aumentan las tomas de facultades, rectorados y colegios preuniversitarios. Esta medida fue definida por la mesa nacional que incluye al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sindicatos docentes y no docentes, junto con agrupaciones y centros de estudiantes. Los edificios estarán cerrados.
Reclamo de los gremios La Conadu Histórica explicó que el plan de acción es "en defensa de la Universidad Pública, por la recomposición salarial y el presupuesto universitario". También apoyaron las tomas y otras acciones del movimiento estudiantil en distintas universidades.
“No hay negociaciones con el Gobierno, lo cual representa un quiebre grave del pacto democrático en Argentina”, dijo Carlos De Feo, secretario general del gremio, en un comunicado de la Federación.
El CIN informó que el 70% de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza. Ante esto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó a un paro de 48 horas para lunes y martes, y acordaron medidas junto al frente sindical de docentes universitarios, avaladas por el CIN, exigiendo una paritaria que reconozca la situación salarial. Habrá clases públicas en el Congreso y en universidades de todo el país.
En medio del conflicto, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditará 26 universidades públicas que firmaron convenios de control, tras la decisión del Gobierno de revisar las finanzas de las instituciones.