El Gobierno argentino ha convocado una sesión especial para el 7 de agosto en la Cámara de Diputados para discutir un paquete de 14 proyectos que no solo abordan cuestiones económicas, sino también de seguridad. Entre las iniciativas se incluyen temas de cooperación internacional, defensa y reformas internas.

  • Entrada de tropas extranjeras y salida de fuerzas nacionales para ejercicios combinados desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.
  • Declaración de la Sexta Brigada Aérea como "Brigada Heroica" en homenaje a los combatientes de Malvinas.
  • Tratados de extradición con República Checa, Rumania y Brasil.
  • Acuerdos internacionales en áreas como servicios aéreos, cooperación en defensa, y protección para mujeres en situación de violencia de género.
  • Ratificación de la Convención de 1907 y enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

1. Registro Nacional de Datos Genéticos:

Impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este proyecto busca expandir el registro genético a todos los delitos, no solo a los de integridad sexual. La medida pretende agilizar los procedimientos judiciales al permitir la comparación de huellas genéticas con perfiles de imputados y condenados.

2. Regularización de Armas:

Se propone modificar la Ley 26.216 para facilitar el registro de armas no autorizadas. El proyecto establece un plazo de 360 días para que los poseedores de armas irregulares las regularicen ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Además, se busca prorrogar por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite la entrega anónima de armas para su destrucción.

3. Baja de Imputabilidad:

El 31 de julio, la Cámara de Diputados comenzará el tratamiento de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Este proyecto, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, introduce un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años. Actualmente, Argentina, junto a Cuba, mantiene el límite en 16 años. Los autores del proyecto argumentan que los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes, generando injusticia para víctimas y sociedad.

Las sanciones propuestas incluyen desde amonestaciones y prohibiciones hasta servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y penas privativas de libertad, que podrían cumplirse en domicilios, institutos abiertos o centros especializados para adolescentes.