El Gobierno de Javier Milei ha cumplido una promesa con el anuncio del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), una decisión que ha generado controversia pero que revela problemas profundos dentro de la institución.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Justicia de la Nación, el Inadi enfrenta una situación crítica, con más de 7.000 expedientes acumulados sin trámite ni resolución. Este dato pone de manifiesto la falta de eficiencia en su funcionamiento y la necesidad urgente de reformas.

Además, se informa que el presupuesto del Inadi para el año 2023 superó los 1.150 millones de pesos, una cifra considerable que, según el Gobierno, se ha malgastado en sueldos y alquileres de oficinas.

Ante esta situación, el Gobierno ha decidido absorber las funciones del Inadi en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Esta medida se suma a la reducción de personal, que pasó de 430 a 355 empleados, y a la solicitud de renuncia de todos los delegados del Inadi.

El cierre del Inadi se enmarca en la política de reducción de organismos con estructuras superpobladas que no cumplen eficientemente sus funciones. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas y preocupaciones, especialmente en sectores que defienden la protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación.

En medio de este panorama, el Gobierno también contempla la posibilidad de cerrar otros institutos, como el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el Instituto Nacional de la Música, en un intento por optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia del Estado.