El gobierno liderado por Javier Milei enfrentará su primera prueba de movilización en las calles de Buenos Aires este miércoles, en el marco de una manifestación convocada por más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas. Esta marcha conmemora el aniversario del estallido social de 2001, que llevó a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

La movilización se confirmó un día después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara la implementación de un protocolo "para el mantenimiento del orden público". El protocolo tiene como objetivo garantizar la libre circulación en calles, caminos y rutas durante protestas y bloqueos, y ha generado rechazo tanto a nivel nacional como internacional. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, expresó su preocupación por la medida, calificándola como una amenaza a la protesta pacífica.

Patricia Bullrich ha enfatizado que las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse, pero no pueden cortar vías de circulación. El nuevo protocolo permitirá la intervención de las fuerzas de seguridad en caso de delitos flagrantes durante las protestas en la vía pública y contempla la identificación de quienes corten calles, la aplicación de leyes que incluyen penas de prisión y el cobro de los gastos generados por la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

A pesar del anuncio oficial, las organizaciones sociales han decidido mantener su movilización bajo consignas como "Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI", "No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización" y "Por un paro activo nacional y un plan de lucha", según un comunicado del Polo Obrero.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, anticipó que los abogados de las organizaciones convocantes presentarán una solicitud judicial en contra del protocolo, argumentando que este amenaza el derecho a manifestarse. Además, denunció que Bullrich se ha atribuido poderes para eliminar el derecho a protestar, lo que consideran inconstitucional.

El rechazo al protocolo también ha sido expresado por organizaciones de derechos humanos, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales, entre otros. Mientras tanto, el cruce entre diputados nacionales del PTS/Frente de Izquierda y José Luis Espert de Avanza Libertad ha agitado aún más el debate en redes sociales.

La marcha prevista será un desafío importante para el gobierno de Milei y será observada de cerca en medio de la controversia en torno al protocolo de seguridad.